La Audiencia Nacional ha admitido a trámite la querella interpuesta por dos trabajadoras contra Julio Iglesias, a quien atribuyen presuntos delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante.
El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha admitido a trámite la querella contra Julio Iglesias por presuntos delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante. En la misma resolución, en la que cita al cantante a declarar de forma presencial el próximo 3 de febrero, el instructor asume la competencia de la jurisdicción española después de que la Fiscalía rectificara su criterio inicial sobre la denuncia de dos extrabajadoras y avalara que este tribunal investigue los hechos.
En enero de 2026, dos antiguas empleadas del cantante español presentaron una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional a través de la organización Women’s Link Worldwide.
Aunque el Ministerio Público les tomó declaración en el marco de unas diligencias preprocesales abiertas para estudiar su jurisdicción, terminó archivando la denuncia al apreciar la ausencia de "vínculos relevantes" con España: sostuvo que los hechos denunciados sucedieron en el extranjero, que las querellantes no tienen lazos con el país y que el propio cantante tampoco se halla aquí.
El juez acota los delitos pero ve indicios suficientes para investigar
Lejos de rendirse tras aquel revés, Women’s Link Worldwide anunció el pasado septiembre su decisión de acudir directamente a los juzgados de la Audiencia Nacional mediante una querella contra el artista.
La organización le atribuía entonces supuestos delitos de trata de seres humanos con fines de trabajo forzado y servidumbre, contra la libertad e indemnidad sexual, lesiones, trato degradante y contra los derechos de los trabajadores por imponer condiciones laborales abusivas.
El juez Piña ha estimado solo parcialmente esta ofensiva judicial: investigará los presuntos delitos contra la libertad sexual, las lesiones y el trato degradante, pero deja fuera tanto la trata de seres humanos como las infracciones laborales.
Para el magistrado, los indicios aportados bastan para abrir diligencias penales. En su auto, destaca que, además de los testimonios, la acusación ha presentado una fotografía de una de las empleadas "acreditativa de un moratón en uno de los brazos, compatible con la posibilidad de ser agarrada con fuerza".
En la misma imagen, añade el instructor, "se aprecia, sobre uno de los muslos, dos marcas que pueden corresponderse con la mordedura de una persona", lesiones que, según relata la querella, "son consecuencia de la participación a que se le obligaba en actos de contenido sexual".