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Save Soil alerta: la degradación del suelo podría costar a la UE hasta 509.000 millones

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FILE. Se utiliza un cultivador para aflojar la tierra y prepararla para la siembra de otoño cerca del distrito Miklosfa de Nagykanizsa, Hungría, 30 sept. 2020
ARCHIVO. Se utiliza un cultivador para aflojar la tierra y prepararla para la siembra de otoño cerca del distrito Miklosfa de Nagykanizsa, Hungría, 30 sept. 2020 -  Derechos de autor  Gyorgy Varga/MTI via AP
Derechos de autor Gyorgy Varga/MTI via AP
Por Angela Barnes & Euronews
Publicado
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La degradación del suelo podría costar a la UE entre 286.000 y 509.000 millones de € en el próximo presupuesto si las pérdidas siguen igual, según Save Soil, que pide pagar a los agricultores por mejoras medibles en la salud del suelo.

Los suelos degradados podrían restar entre 286.000 y 509.000 millones de euros a la economía de la UE a lo largo del presupuesto del bloque para el periodo 2028-2034 si las pérdidas anuales siguen al ritmo actual, ha calculado este jueves la campaña global Save Soil.

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Este grupo de campaña global quiere que la próxima Política Agrícola Común (PAC), el sistema de subvenciones agrarias de la UE, recompense a los agricultores por las mejoras comprobadas en la salud del suelo en lugar de dejarles asumir en solitario el coste de la restauración.

Save Soil fue lanzada en 2022 por el líder espiritual indio Sadhguru y su organización sin ánimo de lucro Isha Foundation, con el objetivo de presionar a los gobiernos para que adopten políticas que protejan y restauren los suelos.

Su cálculo se basa en investigaciones del servicio científico interno de la Comisión Europea, el Centro Común de Investigación (Joint Research Centre - JRC), que sitúa el coste anual de la degradación del suelo en la UE entre 40,9 y 72,7 mil millones de euros.

Save Soil ha multiplicado esa cifra por los siete años del próximo presupuesto plurianual, que se está debatiendo actualmente en Bruselas.

Ese intervalo abarca la erosión, la contaminación, la compactación y la pérdida de carbono del suelo, entre otros daños, y el JRC ha señalado que la factura podría duplicarse si se añadieran costes como la pérdida de biodiversidad, las inundaciones, las sequías y los efectos sobre la salud.

Negociaciones sobre el presupuesto agrícola

En julio de 2025, la Comisión Europea propuso blindar al menos 300.000 millones de euros para los ingresos de los agricultores y el apoyo en caso de crisis a partir de 2028. El 26 de octubre, los ministros de Agricultura de la UE acordaron su posición sobre las normas de la PAC, pero dejaron la cuestión de la financiación para las negociaciones más amplias del presupuesto.

Las negociaciones sobre agricultura en la COP31, celebrada en Turquía, concluyeron sin un resultado significativo, y la decisión se ha aplazado a 2027.

"Europa está debatiendo cientos de miles de millones en apoyo agrícola mientras la degradación del suelo ya está imponiendo costes enormes a su economía", declaró en un comunicado Rico Rau, autor principal del informe de la organización sobre la COP31.

"La próxima PAC no debería limitarse a compensar a los agricultores por las presiones que afrontan. Debería ayudarles a reconstruir el activo productivo del que dependen sus medios de vida", añadió.

Riesgos para la industria alimentaria

Según la Comisión Europea, entre el 60% y el 70% de los suelos de la UE están en mal estado, lo que debilita su capacidad para sustentar la agricultura, retener agua y hacer frente a fenómenos meteorológicos extremos.

Save Soil ha advertido de que unos suelos más degradados pueden reducir los rendimientos, elevar los costes y hacer más frágiles las cadenas de suministro. Solo el sector de alimentos y bebidas de la UE factura 1,5 billones de euros al año y emplea a 4,8 millones de personas, según la patronal FoodDrinkEurope.

Save Soil quiere que la PAC financie mejoras medibles en la salud del suelo y recompense a los agricultores cuyas tierras ya están en buen estado.

También ha pedido que la Ley de Seguimiento del Suelo (Soil Monitoring Law), la primera ley sobre suelos de la UE, aporte datos coherentes sin duplicar mediciones ni trámites administrativos. La norma entró en vigor en diciembre de 2025, pero no fija objetivos vinculantes de restauración.

Sus otras dos propuestas son que el sistema de certificación de agricultura de carbono de la UE recompense los beneficios medioambientales verificados y que las administraciones públicas utilicen su poder de compra para garantizar una demanda estable de alimentos producidos de forma sostenible.

"Si queremos garantizar la seguridad alimentaria, la agricultura tiene que ser lucrativa", afirmó Sadhguru en unas declaraciones difundidas por el grupo, añadiendo que los gobiernos deben hacer que la actividad agrícola sea rentable o los hijos de los agricultores no se dedicarán a ella.

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