Se trata del segundo expediente para esta empresa calificado con la máxima gravedad. La compañía de Ignacio Sánchez Galán acumula una veintena de investigaciones por parte del organismo de competencia estatal en relación con los sucesos ocurridos hace un año.
Nuevo varapalo contra Iberdrola por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en relación con las causas del apagón general en España, Portugal e Iparralde
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Si el pasado viernes el organismo presididio por Cani Fernández daba a conocer la apertura de dos expedientes calificados como "muy graves" para las empresas detrás de la central nuclear de Almaraz (entre las que también se encuentra Iberdrola) y la público-privada Red Eléctrica, ahora vuelve a hacer lo propio contra esta compañía energética presidida por Ignacio Sánchez Galán.
Iberdrola ya acumulaba una veintena de expedientes incoados y calificados como "graves" por la vulneración, entre otros, del artículo 64.15 de la ley del sector eléctrico ("La realización de actividades cuando se ponga en riesgo la garantía de suministro o se genere un peligro o daño grave para las personas, los bienes o el medio ambiente"), pero ahora, como en el caso de Almaraz, se le investiga por una posible "reducción de la producción o suministro sin autorización" contemplada en el 64.37 de la misma ley.
Iberdrola tiene participación en seis de las siete centrales nucleares que operan en España y es, además, la única titular de la nuclear de Cofrentes, en Valencia. Este nuevo expediente, incoado con fecha de 23 de abril (pese a que no se ha tenido conocimiento de su existencia hasta esta misma tarde) eleva a 56 el número total de procedimientos vinculados con el apagón.
Otras empresas como Endesa, la asociación nuclear Ascó-Vandellós, Contour (gestora de la central térmica riojana de Arrúbal), Engie Cartagena (propietaria de otra térmica, El Fangal, en esta ciudad levantina) o Totalenergies también están siendo investigadas.
Las incoaciones notificadas incluyen también la investigación de prácticas en días o periodos distintos al 28A, pero que constituirían igualmente "indicios de posibles infracciones sectoriales detectados en el marco de la investigación del incidente", según ha comunicado la CNMC. El plazo máximo para resolver los expedientes es de 18 meses.