El Tribunal de Justicia de la UE ha confirmado este mes en Luxemburgo el estatus de protección estricta de los lobos europeos en dos sentencias, pero la derecha política pretende abrir la creciente población a la caza.
El Tribunal de Justicia de la UE ha dictaminado que la Comunidad Autónoma de Castilla y León no puede permitir la caza del lobo mientras esté protegido a nivel nacional, en la segunda sentencia de este tipo dictada este mes tras otra similar dictada en Austria.
La sentencia dictada hoy significa que el Gobierno de la mayor de las 17 comunidades autónomas españolas, dirigido desde 1987 por el conservador Partido Popular (PP), no puede seguir reconociendo al lobo como caza autorizada para los cazadores, a los que se concedió un cupo de 339 animales en una zona al norte del río Duero durante el periodo 2019-21.
El Gobierno de izquierdas español amplió la protección estricta a todos los lobos en septiembre de 2021 por iniciativa de la ministra de Medio Ambiente, Teresa Ribera, pero las excepciones regionales existentes podrían seguir aplicándose en determinadas circunstancias. Ahora el TJUE ha dictaminado que esto es contrario a la Directiva de Hábitats de la UE.
"En efecto, el lobo no puede ser designado especie cazable en una parte del territorio de un Estado miembro cuando su estado de conservación a nivel nacional es desfavorable", dijo el tribunal con sede en Luxemburgo en un comunicado.
Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, ha reconocido la sentencia y ha señalado que no se ha cazado ninguna especie desde que se introdujo la ley nacional en 2021, según informan los medios de comunicación locales.
La sentencia de hoy sigue a otra similar dictada el 11 de julio, en la que el TJCE dictaminó que las excepciones a la prohibición general de la caza del lobo en virtud de la Directiva aplicada por el Estado federado austriaco de Tirol no pueden concederse a menos que el animal se encuentre en un estado de conservación favorable, tal como se define en la ley, que data de 1992.
Ambos casos habían sido remitidos al TJCE por tribunales nacionales en respuesta a demandas presentadas por grupos de protección de la naturaleza.
Sin embargo, la estricta protección de que gozan actualmente los lobos en toda la UE podría estar en entredicho, ya que la Comisión Europea anunció a finales del año pasado que tiene previsto impulsar un cambio de categoría en virtud del Convenio de Berna relativo a la conservación de la fauna y flora silvestres y los hábitats naturales de Europa, paso previo necesario para flexibilizar la protección con arreglo a la legislación de la UE.
La Comisión ha señalado que el número de lobos está creciendo hasta alcanzar los 20.000 ejemplares en toda Europa, pero los críticos acusan al ejecutivo de la UE de basar su decisión en pruebas anecdóticas, o incluso de que su presidenta, Ursula von der Leyen, podría tener un rencor personal después de que un lobo salvaje matara a Dolly, una poni de la familia, en 2022.
A principios de este mes, en una entrevista exclusiva con 'Euronews', el coordinador de política medioambiental del Partido Popular Europeo incluyó la protección de los lobos entre las prioridades políticas del grupo para el próximo ciclo legislativo.