El pacto se basa en uno adquirido en la OCDE por 137 países.
PUBLICIDADLa Unión Europea está un paso más cerca de lograr lo que han bautizado como "equidad fiscal".
Tras más de un año de disputas políticas y amenazas de veto, los 27 Estados miembros han acordado respaldar un acuerdo que llevaba tiempo bloqueado para establecer un nivel mínimo en el impuesto de sociedades, que se fijará en el 15% para todas las grandes empresas.
La reforma, a la que se opusieron en distintos momentos países como Irlanda, Hungría, Estonia y Polonia, ha sido aclamada como un gran paso para frenar una larga carrera impositiva a la baja que ha visto cómo países de todo el mundo reducían gradualmente sus impuestos de sociedades para atraer a las multinacionales.
Muchos gobiernos creen ahora que estos años de intensa competencia fiscal han hecho más mal que bien, dejando sus arcas públicas incapaces de hacer frente a los crecientes gastos climáticos, energéticos y sociales. "Una fiscalidad mínima es clave para afrontar los retos que plantea una economía globalizada", ha declarado tras el acuerdo Paolo Gentiloni, comisario europeo de Economía que durante meses ha dirigido las negociaciones.
"La UE ha demostrado que está verdaderamente comprometida a hacer frente a las injusticias que caracterizan el sistema económico mundial y a garantizar que todo el mundo pague lo que le corresponde", ha continuado el italiano.
Sin embargo, el impuesto de sociedades mínimo del 15% no es obra exclusiva del bloque.
El innovador acuerdo se basa en un pacto internacional negociado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y respaldado por 137 países que representan más del 90% del PIB mundial, incluidos Estados Unidos, China, India y Rusia.
Aprovechando el impulso de la pandemia del COVID-19, cuando los gobiernos se vieron obligados a emitir enormes niveles de deuda para evitar que sus economías se hundieran durante los confinamientos, la OCDE logró concluir años de trabajo para reformar el sistema fiscal mundial y abordar los nuevos retos derivados de la economía digital.
La organización con sede en París diseñó una reforma basada en dos pilares: el Pilar Uno se centra en la reasignación de los beneficios imponibles y el Pilar Dos en el establecimiento de un impuesto de sociedades mínimo del 15%.
El primer pilar se considera el elemento más complejo porque pretende trasladar una parte de los derechos fiscales del país en el que una empresa tiene su sede física (por ejemplo, la sede de Google en la UE, en Irlanda) al país en el que se obtienen los beneficios (por ejemplo, los beneficios de Google obtenidos en Francia).
Se espera que más de 125.000 millones de dólares (118.000 millones de euros) en beneficios se redistribuyan anualmente en virtud del Primer Pilar. Los debates técnicos para definir la fórmula y las condiciones siguen en curso en la OCDE.
Los trabajos sobre el segundo pilar están, sin embargo, mucho más avanzados. La Comisión Europea propuso en diciembre de 2021 una directiva para incorporar el Segundo Pilar a la legislación de la UE, convirtiendo el impuesto mínimo en una obligación jurídicamente vinculante para los 27 Estados miembros.
La fiscalidad es uno de los pocos campos a nivel de la UE en los que se requiere unanimidad, algo que permitió a Hungría, y más tarde a Polonia, retrasar la aprobación de la directiva y crear un vínculo no oficial con otros expedientes no relacionados.
Tras el reñido acuerdo, los Estados miembros tendrán un año para transponer las normas antes de que sean totalmente aplicables.
A escala mundial, el Segundo Pilar podría generar unos 150.000 millones de dólares (141.000 millones de euros) anuales de ingresos fiscales adicionales, según estimaciones de la OCDE.
Un impuesto complementario
A día de hoy, cuatro Estados miembros de la UE tienen tipos del impuesto de sociedades inferiores al objetivo del 15%: Hungría (9%), Bulgaria (10%), Irlanda (12,5%) y Chipre (12,5%), mientras que otros, como Estonia, ofrecen descuentos que pueden situar el tipo por debajo del 15% en determinadas circunstancias.
El impuesto de sociedades mínimo del 15% se aplicará a las grandes empresas que obtengan unos ingresos financieros combinados superiores a 750 millones de euros al año, obtenidos a través de sus operaciones nacionales e internacionales. Estarán exentas las entidades gubernamentales, las ONG, los fondos de pensiones e inversión y los ingresos procedentes del transporte marítimo internacional.
El principal elemento de la reforma será el llamado impuesto complementario: si una empresa matriz con sede en la UE tiene filiales situadas en jurisdicciones que ofrecen un tipo del impuesto de sociedades inferior al umbral del 15%, esa empresa matriz estará obligada a pagar la diferencia entre el tipo impositivo inferior y el tipo mínimo del 15%. Este impuesto complementario será recaudado por el país de la UE en el que esté situada la empresa matriz.
PUBLICIDADPor ejemplo: si una empresa matriz con sede en Berlín tiene una filial en Andorra que está sujeta a un impuesto de sociedades del 10%, el gobierno alemán podrá aplicar un impuesto complementario del 5% sobre los beneficios subvencionables de la empresa matriz para compensar la diferencia.
Además, los gobiernos de la UE podrán aumentar los impuestos sobre las filiales en su territorio si éstas pertenecen a una empresa extranjera que paga menos de un 15% de impuesto de sociedades en su país de origen.
La combinación de ambas normas está pensada para mitigar la erosión fiscal y el traslado de beneficios, ya que las grandes empresas tendrán menos incentivos para trasladar sus operaciones comerciales a jurisdicciones de baja tributación.
Y lo que es más importante, las normas se aplicarán independientemente de que otros países se adhieran o no al acuerdo de la OCDE. "Este es realmente un gran paso adelante para todos aquellos que se preocupan, como nosotros, por la justicia fiscal y nuestra capacidad de gravar a cualquier agente económico al menos un 15%, donde, como saben, muchos grupos no tributaban en nuestro suelo", dijo el presidente de Francia, Emmanuel Macron, uno de los defensores más acérrimos de la reforma.
Siguiendo las directrices de la OCDE, el acuerdo de la UE introduce una "excepción sustancial" que excluirá inicialmente del cálculo del impuesto complementario el 8% de los activos materiales de la empresa, como los edificios, y el 10% de los costes salariales. Estas excepciones se irán reduciendo gradualmente hasta alcanzar el 5% en ambos casos.
PUBLICIDADSegún el Observatorio Fiscal de la UE, esta excepción puede ser útil para disuadir a las empresas de trasladarse a jurisdicciones libres de impuestos como Bermudas y las Islas Caimán, a pesar de no tener presencia física en ellas.
Con el nuevo acuerdo, estas filiales no se beneficiarán de la excepción y estarán sujetas al tipo impositivo mínimo del 15%.
Pero, advierte el observatorio, la excepción puede mermar el impacto económico de la reforma y desencadenar una "nueva forma de competencia" entre países, ya que las grandes empresas se verán tentadas a trasladar sus oficinas y puestos de trabajo a paraísos fiscales con el objetivo de proteger una parte de sus codiciados beneficios.
"Desde un punto de vista económico", afirma el observatorio en un estudio de 2021, "las exenciones se justifican por el deseo de combatir de forma prioritaria -y casi exclusiva- las transferencias artificiales de beneficios".