Bruselas emprende acciones legales contra la polémica ley de soberanía de Hungría

La llamada "ley de soberanía" húngara ha sido objeto de críticas desde su aprobación a mediados de diciembre.
La llamada "ley de soberanía" húngara ha sido objeto de críticas desde su aprobación a mediados de diciembre. Derechos de autor Denes Erdos/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
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Por Jorge Liboreiro
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Este artículo se publicó originalmente en inglés

La Comisión Europea emprendió el miércoles acciones legales contra la llamada ley de soberanía aprobada recientemente por el Parlamento de Hungría.

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La legislación, impulsada por el partido gobernante de Viktor Orbán y aprobada por el Parlamento a mediados de diciembre, faculta al Estado para investigar a personas y organizaciones sospechosas de atentar contra la soberanía del país, con posibles condenas de hasta tres años de cárcel.

Orbán, que a menudo tacha a sus críticos de agentes pagados por entidades occidentales, afirma que la ley es necesaria para proteger a Hungría de injerencias políticas indebidas.

La aplicación de la ley depende de la recién creada "Oficina para la Defensa de la Soberanía", que puede recabar información sobre grupos de personas que reciban financiación extranjera y se considere que influyen en el debate político y los procesos electorales del país. Los servicios secretos húngaros están obligados a ayudar a la autoridad.

Las disposiciones de la ley, en particular su amplio pero vago mandato y la falta de supervisión judicial, han suscitado gran inquietud en la sociedad civil y los periodistas independientes, que temen ser objeto de ataques injustos por negarse a seguir el dogma político de Orbán y carecer de poder para impugnar las decisiones adoptadas por la "oficina de soberanía".

La Comisión Europea se ha hecho eco de estas consideraciones y ha afirmado este miércoles que la ley viola un amplio abanico de valores fundamentales, como el principio democrático, el derecho a la vida privada, la protección de datos personales, la libertad de expresión, información y asociación, y el derecho a un juicio justo, entre otros.

Hungría dispone de dos meses para responder a las objeciones de la Comisión. La carta de emplazamiento es el primer paso del procedimiento de infracción, que puede desembocar en una demanda y multas diarias ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

Estados Unidos había criticado previamente la ley, denunciando sus "herramientas draconianas que pueden utilizarse para intimidar y castigar a quienes tengan opiniones no compartidas por el partido gobernante".

Tensiones entre Bruselas y Budapest

El nuevo enfrentamiento entre Bruselas y Budapest se produce pocos días después de una cumbre de alto nivel en la que Orbán levantó su veto a un fondo especial de 50.000 millones de euros para Ucrania, tras una campaña de presión de sus colegas dirigentes y del Parlamento Europeo.

Como parte de las negociaciones que precedieron a la cumbre, Orbán había exigido la liberación inmediata de los cerca de 21.000 millones de euros en fondos de recuperación y cohesión que la Comisión Europea ha retenido por las persistentes deficiencias del Estado de Derecho en Hungría. El Ejecutivo, sin embargo, insiste en que no se desbloqueará el dinero hasta que el país cumpla una serie de "hitos" y condiciones para hacer frente a la situación.

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