El Parlamento Europeo ha cumplido su amenaza y presentará una demanda contra la Comisión Europea por la liberación de 10.200 millones de euros en fondos congelados a Hungría.
PUBLICIDADLa medida, anticipada el lunes por la noche, fue aprobada este jueves por la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, durante una reunión con los líderes de los grupos políticos. Metsola tiene la última palabra para emprender acciones legales contra otras instituciones ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
El plazo de presentación finaliza el 25 de marzo.
Con la demanda, el hemiciclo acumula presión sobre Ursula von der Leyen,que aspira a un segundo mandato al frente de la Comisión y promete mantenerse firme en el Estado de Derecho, un asunto delicado que ha absorbido gran parte de la energía de su primer mandato.
La ira de los legisladores tiene su origen en la decisión adoptada por la Comisiónen diciembre, que desbloqueó10.200 millones de euros de fondos de cohesión para Hungría, a los que el país no había podido acceder debido a las persistentes deficiencias del Estado de Derecho.
El Ejecutivo argumentó que el desbloqueo estaba justificado porque Budapest había aprobado en mayo del año pasado una reforma para reforzar la independencia judicial y mitigar las injerencias políticas en los tribunales, en línea con cuatro "súper hitos" que Bruselas había impuesto.
Los eurodiputados cuestionan el razonamiento del Ejecutivo comunitario
Los legisladores, haciéndose eco de las preocupaciones expresadas por la sociedad civil, cuestionaron el razonamiento y dijeron que la reforma no estaba a la altura de las circunstancias. También se quejaron de que el dinero se hubiera desbloqueado un día antes de una cumbre crucial de líderes de la UE en la que el Primer Ministro Viktor Orbán había amenazado con vetar acuerdos clave sobre Ucrania.
En una resolución aprobada ampliamente en enero, los eurodiputados plantearon la posibilidad de emprender acciones legales y subrayaron que "la UE de ninguna manera puede ceder al chantaje y comerciar con los intereses estratégicos de la UE y sus aliados renunciando a sus valores".
"Hungría no cumple la norma de independencia judicial establecida en los tratados de la UE, ya que las medidas adoptadas no garantizan suficientes salvaguardias contra la influencia política y pueden ser eludidas o aplicadas inadecuadamente", escribieron.
Días después, los eurodiputados reprocharon a los comisarios Didier Reynders (Justicia), Nicolas Schmit (Empleo) y Johannes Hahn (Presupuesto) haber llegado a lo que consideraron un acuerdo de trastienda con Orbán para garantizar el levantamiento de su vetoa cambio de los 10.200 millones de euros. También se quejaron de que la validación de la reforma judicial fue precipitada y el Ejecutivo debería haber esperado a ver resultados sobre el terreno antes de liberar el dinero.
Los tres Comisarios se mantuvieron firmes e insistieron en que Hungría había aportado pruebas suficientes para demostrar el cumplimiento de los cuatro "súper hitos", que incluían medidas para reforzar el Consejo Judicial Nacional, un consejo de supervisión autónomo, y acabar con las injerencias políticas dentro del Tribunal Supremo.
"La Comisión tenía la obligación legal de tomar una decisión", dijo Reynders.
A día de hoy, Bruselas sigue reteniendo casi 12.000 millones de euros de la parte asignada a Hungría de los fondos de cohesión y la mayor parte de su plan de recuperación y resiliencia, dotado con 10.400 millones de euros, una situación que Orbán ha denunciado repetidamente como "chantaje financiero".
Cada dotación está sujeta a diferentes conjuntos de condiciones que exigen cambios legislativos en ámbitos como los derechos LGBTQ+, la política de asilo, la contratación pública y la lucha contra la corrupción. Funcionarios de la Comisión han afirmado que apenas se ha avanzado en este sentido.
En su resolución de enero, los eurodiputados advirtieron de que los fondos que permanecen bloqueados "deben tratarse como un paquete único e integral, y que no debe efectuarse ningún pago aunque se realicen progresos en uno o más ámbitos pero persistan las deficiencias en otro".
No es la primera vez que el Parlamento recurre al alto tribunal de Luxemburgo para forzar la mano de la Comisión. En octubre de 2021, el hemiciclo presentó una demanda contra el Ejecutivo por su "inaplicación" de un novedoso mecanismo que vinculaba los pagos de fondos comunitarios al respeto de los derechos fundamentales del bloque.