En una resolución, los diputados del Parlamento Europeo han amenazado con emprender acciones legales contra la Comisión Europea si el Ejecutivo comunitario desbloquea más fondos congelados a Hungría.
PUBLICIDADEl texto, aprobado el jueves al mediodía con 345 votos a favor, 104 en contra y 29 abstenciones, llega un mes después de que la Comisión desbloqueara 10.200 millones de euros de fondos de cohesión para Hungría, lo que permite al país solicitar el reembolso de esa suma.
Los fondos se desbloquearon después de que Budapest realizara en mayo reformas judiciales para reforzar la independencia judicial y mitigar las injerencias políticas en los tribunales, respondiendo así a las condiciones -conocidas como "súper hitos"- que Bruselas había impuesto.
La Comisión sigue reteniendo 11.500 millones de euros de la parte asignada a Hungría de los fondos de cohesión y la mayor parte de su plan de recuperación y resiliencia, de 10.400 millones de euros, una situación que el primer ministro Viktor Orbán ha denunciado como "chantaje financiero".
Aun así, la medida de liberar parcialmente los fondos congelados no ha gustado en el Parlamento Europeo, La resolución aprobada este juevesplantea la posibilidad de demandar al Ejecutivo de Ursula von der Leyen si se desbloquea más dinero.
Dicha demanda se interpondría ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo, que puede dirimir conflictos interinstitucionales. El Parlamento "utilizará cualquiera de las medidas jurídicas y políticas a su disposición si la Comisión libera fondos sin que se cumplan los criterios o si no garantiza la plena aplicación de la legislación pertinente, teniendo en cuenta su responsabilidad de actuar como guardiana de los Tratados y de proteger los intereses financieros de la UE", reza el texto.
"La Comisión es políticamente responsable ante el Parlamento", añade.
Además, los eurodiputados han encargado al servicio jurídico de la institución que revise la validez de la decisión por la que se liberaron 10.200 millones de euros. Argumentan que la reforma judicial aprobada por Budapest no "cumple la norma de independencia judicial" consagrada en los Tratados de la UE, ya que las medidas "no garantizan suficientes salvaguardias contra la influencia política y pueden ser eludidas o aplicadas de forma inadecuada".
La reforma, que la Comisión consideró suficientemente satisfactoria, también ha sido criticada por la sociedad civil. En un análisis conjunto, Amnistía Internacional y el Comité Helsinki húngaro afirmaron que las soluciones "son improvisadas e infringen las leyes y estatutos pertinentes, así como los principios del Estado de Derecho".
La entrega de los 10.200 millones de euros se hizo pública un día antes de que los líderes de la UE se reunieran para debatir un fondo especial de 50.000 millones de euros para apoyar la economía de Ucrania hasta 2027, al que se opone Viktor Orbán. La coincidencia de acontecimientos alimentó las especulaciones de que la Comisión estaba haciendo concesiones para apaciguar a Orbán, aunque el primer ministro acabara vetando el fondo.
Los líderes volverán a reunirse el 1 de febrero para tratar el asunto por segunda vez. En vísperas de esta ocasión decisiva, las autoridades húngaras han hecho cada vez más hincapié en su exigencia de desbloquear los 20.000 millones de euros restantes. El dinero procede de diferentes partidas y está condicionado a reformas que aborden los conflictos de intereses, mejoren los concursos públicos, protejan los derechos de los colectivos LGBTQ+, refuercen la libertad académica y garanticen la protección del asilo.
En la resolución, el Parlamento ha arremetido contra el veto de Orbán, calificándolo de "violación del principio de cooperación sincera", y ha afirmado que "de ninguna manera puede la UE ceder al chantaje y comerciar con los intereses estratégicos de la UE y sus aliados renunciando a sus valores".
Los eurodiputados ha insistido en que los fondos de cohesión y recuperación que permanecen congelados "deben tratarse como un paquete único e integral, y que no debe efectuarse ningún pago aunque se realicen progresos en uno o varios ámbitos pero persistan las deficiencias en otro".
El texto del jueves ha estado precedido por un debate el miércoles en el que los legisladores han críticado duramente a Ursula von der Leyen, a quien consideran la figura política responsable de la liberación de los 10.200 millones de euros. La jefa de la Comisión defendió la decisión, pero subrayó que el resto del dinero seguiría congelado "hasta que Hungría cumpla todas las condiciones necesarias".
"Estas son las normas, todos las hemos aceptado y las seguiremos. Esto es lo que diferencia al Estado de Derecho del poder arbitrario", dijo von der Leyen a los eurodiputados.
El alegato de Von der Leyen no bastó para diluir el contenido de la resolución, que retrata a su Comisión como excesivamente indulgente y descuidada respecto a los "esfuerzos deliberados, continuos y sistemáticos" de Orbán para socavar los valores fundamentales del bloque.
Los eurodiputados también arremetieron contra los Estados miembros, deplorando la incapacidad del Consejo para frenar el "abuso" del poder de veto y el fracaso a la hora de avanzar en el procedimiento del artículo 7, conocido como la opción nuclear.
Hungría se encuentra bajo el primer capítulo del Artículo 7 desde 2018. Esta etapa identifica un "riesgo claro de violación grave" de los principios fundamentales de la UE y obliga al país acusado a explicar la situación en audiencias periódicas. Ahora, los eurodiputados instan a los líderes a activar el segundo paso, que puede determinar la "existencia de una violación grave y persistente".
Pero esta fase requiere una propuesta presentada por un tercio de los Estados miembros o por la Comisión, ninguno de los cuales ha manifestado su intención de hacerlo.
PUBLICIDADEl Parlamento "subraya que el Consejo comparte la responsabilidad de la protección de los valores consagrados en el artículo 2 del TUE y que su incumplimiento tendría consecuencias duraderas y potencialmente perjudiciales".
La resolución, sin embargo, no llega a solicitar el tercer paso del artículo 7, que puede suspender los derechos de voto del país acusado. Esta petición fue realizada la semana pasada por una coalición multipartidista de 120 eurodiputados, pero no llegó al texto final aprobado el jueves. Ningún Estado miembro ha sido privado del derecho de voto en la historia del bloque.
En reacción al debate que precedió a la votación, Orbán se lanzó a las redes sociales para denunciar a sus críticos en el hemiciclo y sacar pecho por el veto. "Los eurodiputados liberales atacaron a Hungría una vez más", escribió el primer ministro en X, antes Twitter.
"Quieren dar dinero a Ucrania durante 4 años, mientras faltan 5 meses para las elecciones europeas. En esencia, quieren despojar a la gente de su derecho a decidir sobre su futuro. Qué posición tan antidemocrática".