Los fondos habían sido bloqueados por las carencias en el Estado de Derecho de Hungría, como las posibles injerencias políticas en la Justicia.
PUBLICIDADEl Parlamento Europeo ha seguido adelante con su plan de interponer una demanda contra la Comisión Europea para que libere 10.200 millones de euros de fondos de cohesión para Hungría que habían sido bloqueados los problemas relacionados con el Estado de Derecho en este país.
Se espera un anuncio definitivo en los próximos días, tras el voto positivo de la Comisión de Asuntos Jurídicos el lunes por la noche. La acción legal requiere la aprobación de la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, y debe presentarse ante el Tribunal de Justicia Europeoa más tardar el 25 de marzo.
El enfado de los eurodiputados tiene su origen en la decisión adoptada por la Comisión Europea en diciembre, que desbloqueó 10.200 millones de euros de fondos de cohesión para Hungría. Este país no los había recibido antes debido a las sucesivas deficiencias de su Estado de Derecho.
La Comisión argumentó que el desbloqueo estaba justificado porque Budapest había aprobado en mayo del año pasado una reforma para reforzar la independencia judicial y mitigar las injerencias políticas en los tribunales.
Los legisladores, haciéndose eco de las preocupaciones expresadas por la sociedad civil, afirmaron que la reforma no estaba a la altura de las circunstancias. También se quejaron de que el dinero se descongelara un día antes de una cumbre de líderes de la Unión Europea en la que el primer ministro, Viktor Orbán, había amenazado con vetar acuerdos clave sobre Ucrania.
Posibles acciones legales
En una resolución aprobada en enero, los eurodiputados plantearon la posibilidad de emprender acciones legales y subrayaron que "de ninguna manera la UE podía ceder al chantaje renunciando a sus valores".
"Hungría no cumple la norma de independencia judicial establecida en los tratados de la UE ya que las medidas adoptadas no garantizan suficientes salvaguardias contra la influencia política y pueden ser eludidas o aplicadas inadecuadamente", escribieron.
Días después, los eurodiputados criticaron a los comisarios Didier Reynders (Justicia), Nicolas Schmit (Empleo)y Johannes Hahn (Presupuesto) por llegar a lo que calificaron de "acuerdo político" con Orbán para garantizar el levantamiento de su veto a cambio de los 10.200 millones de euros.
Los tres comisarios se mantuvieron firmes e insistieron en que Hungría había aportado pruebas suficientes para demostrar el cumplimiento de los cuatro "súper hitos" que incluían medidas para reforzar el Consejo Judicial Nacional, un organismo de supervisión autónomo, y acabar con las injerencias políticas dentro del Tribunal Supremo.
"La Comisión tenía la obligación legal de tomar una decisión", dijo Reynders.
A día de hoy, Bruselas sigue reteniendo casi 12.000 millones de euros de la parte asignada a Hungría de los fondos de cohesión y la mayor parte de su plan de recuperación y resiliencia, dotado con 10.400 millones de euros, una situación que Orbán ha denunciado repetidamente como "chantaje financiero".
Cada dotación está sujeta a diferentes condiciones que exigen cambios legislativos en ámbitos como los derechos LGTBQ+, la política de asilo, la contratación pública y la lucha contra la corrupción.
Pero en su resolución de enero, los eurodiputados afirmaron que los fondos que permanecen bloqueados "deben tratarse como un paquete único e integral, y que no debe efectuarse ningún pago aunque se realicen progresos en uno o más ámbitos pero persistan las deficiencias en otro".
En su intervención del martes por la mañana, Valérie Hayer, presidenta del grupo Renew Europe, pidió a la Comisión que mantenga una "transparencia total" y facilite al Parlamento toda la información relativa a la liberación de más fondos.
No es la primera vez que el Parlamento lleva su caso a Luxemburgo para forzar la mano de la Comisión. En octubre de 2021, el hemiciclo presentó una demanda contra el Ejecutivo por su "inaplicación" de un novedoso mecanismo que vinculaba los pagos de fondos comunitarios al respeto de los derechos fundamentales del bloque.