El registro de la sede del PSOE en Ferraz por la UCO, la imputación de Zapatero y el inicio del juicio al hermano del presidente han convertido esta semana en la más complicada del Gobierno. Nueve causas activas dibujan un escenario judicial sin precedentes.
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pasaron 12 horas el pasado miércoles en la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz, en el marco de la investigación sobre el denominado caso Leire Díez.
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La operación, ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, busca documentación sobre presuntos pagos del partido a una trama cuyo propósito habría sido obstaculizar investigaciones judiciales que afectaban al entorno de Pedro Sánchez.
El juez considera especialmente relevante una reunión celebrada en Ferraz el 26 de abril de 2024, en pleno "periodo de reflexión" anunciado por el presidente del Gobierno, que habría supuesto un auténtico "punto de inflexión" en la organización de las maniobras investigadas.
Según el auto judicial, el PSOE habría destinado 178.000 euros a esa presunta estructura para desacreditar a jueces como Beatriz Biedma, Mercedes Ayala o Juan Carlos Peinado.
En el marco de esta causa, el juez Pedraz ha imputado al exsecretario de Organización Santos Cerdán, al exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y a la gerente del PSOE Ana María Fuentes, investigando presuntos pagos a Leire Díez por su labor para interferir en procedimientos judiciales. Díez fue detenida en diciembre de 2025 y puesta en libertad condicional.
A esa operación se sumó, esa misma semana, la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por organización criminal y tráfico de influencias en el caso Plus Ultra, y el inicio del juicio contra David Sánchez, hermano del presidente, y contra el exlíder socialista extremeño Miguel Ángel Gallardo.
El primer caso, ya cerrado, es el del Fiscal General Álvaro García Ortíz. Designado por Sánchez se vio envuelto en un caso de uso de influencia en asuntos propios. Dicho caso ya fue resuelto con una suspensión de dos años por parte del Tribunal Supremo. García Ortiz dimitió días después.
Se convirtió en el primer fiscal general del Estado condenado de la historia de España, tras difundir datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso. Después de su dimisión pidió la nulidad de la condena por el email filtrado.
Las causas que involucran al entorno más próximo del presidente
El juez Juan Carlos Peinado procesó en abril a Begoña Gómez, esposa del presidente, por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida, tras cerrar la instrucción de la causa.
La resolución afecta también a la asesora Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés. Gómez tiene pendiente una audiencia preliminar el próximo 9 de junio. Este caso fue el que llevó a Sánchez a escribir su conocida carta a la ciudadanía en 2024, cuando llegó a plantear públicamente si renunciaba a la presidencia.
El juicio contra el hermano del presidente arrancó el jueves. La Audiencia Provincial de Badajoz investiga si la contratación de David Sánchez como coordinador de actividades en la Diputación en 2017 fue un puesto creado específicamente para él. La Fiscalía ha dado por prescrito uno de los delitos. El juicio podría extenderse hasta la semana del 15 de junio.
En cuanto al caso Plus Ultra, el juez José Luis Calama ordenó bloquear las cuentas de Zapatero y las de sus hijas en el marco de una investigación sobre presuntas comisiones ilegales ligadas al rescate público de la aerolínea, dotado con 53 millones de euros en 2021. El expresidente está citado a declarar por blanqueo, tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental, aunque su comparecencia se ha pospuesto a los días 17 y 18 de junio.
El caso Koldo y sus ramificaciones
La causa que investiga la compra irregular de mascarillas durante la pandemia se ha convertido en el eje central de buena parte de la actividad judicial vinculada al PSOE. La parte que afectaba directamente a José Luis Ábalos fue asumida por el Tribunal Supremo por su condición de aforado, mientras que otra rama del caso continúa en la Audiencia Nacional, donde se investiga también a Santos Cerdán, Víctor de Aldama y varios empresarios.
De esa causa central han derivado otras dos: una pieza separada que indaga una posible financiación ilegal del PSOE a través de movimientos de efectivo en Ferraz y las famosas "chistorras", y otra centrada en el presunto amaño de contratos de obra pública en el Ministerio de Transportes, que afecta, entre otros, a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera.
Las fuentes jurídicas señalan que el colapso de la Audiencia Nacional puede provocar que la fase de instrucción de varios de estos casos se alargue entre tres y cinco años.
A todo esto se añade el caso Hidrocarburos, que investiga un fraude del IVA y conecta con la trama Koldo a través del empresario Víctor de Aldama.
Ante la acumulación de frentes, Pedro Sánchez ha solicitado comparecer ante el pleno del Congreso para informar sobre la situación política, mientras el PP tantea la posibilidad de presentar una moción de censura, en la que, inicialmente, no contaría con apoyos suficientes.