El juez del Supremo aprecia indicios de cohecho, tráfico de influencias y malversación en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia. La Fiscalía y las acusaciones deberán decidir ahora si presentan cargos o piden el archivo.
El Tribunal Supremo ha propuesto sentar en el banquillo al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos para la compra de mascarillas durante los primeros meses de la pandemia.
El juez instructor del caso Koldo, Leopoldo Puente, ha dictado un auto de pase a procedimiento abreviado, equivalente al procesamiento, en el que aprecia indicios "muy consistentes" de cohecho, tráfico de influencias, malversación y pertenencia a organización criminal. Según el magistrado, los tres actuaron de manera coordinada para beneficiar a empresas concretas que, a cambio, habrían pagado comisiones.
"De Aldama hacía entregas de sucesivas cantidades de dinero a Ábalos y García con el propósito de que se realizaran actos contrarios a sus deberes públicos", sostiene el auto. El documento detalla que el empresario se encargaba de localizar compañías dispuestas a pagar por obtener contratos con la Administración, mientras Koldo intermediaba aprovechando su cercanía al entonces ministro.
El magistrado tomó la decisión después de que el pasado mes de septiembre abogará por dividir la causa para, por un lado, abordar la presunta corrupción en la adquisición de mascarillas y, por otro, investigar de manera separada la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de contratos en obras públicas, en la que -además de Ábalos, Koldo García y De Aldama- está imputado el que fuera número tres del PSOE Santos Cerdán, quien ya se encuentra en prisión.
Dos causas separadas
El juez concluye así la instrucción de la rama principal del caso Koldo, centrada en los contratos de material sanitario, y deja la causa lista para juicio. A partir de ahora, la Fiscalía y las acusaciones -entre ellas el Partido Popular- disponen de diez días para presentar sus escritos de acusación o solicitar el archivo.
El magistrado recuerda que el auto no implica una condena, sino la existencia de indicios suficientes para abrir juicio oral. El procedimiento deberá desarrollarse en el Supremo por la condición de aforado de Ábalos, quien aún es diputado por Valencia.
El caso Koldo estalló tras revelarse una presunta red de comisiones ilegales en el Ministerio de Transportes durante la etapa de Ábalos. El exministro, uno de los colaboradores más cercanos a Pedro Sánchez en la pasada legislatura, afronta así un nuevo golpe político con un proceso judicial que podría extenderse durante meses.