El Tribunal Supremo ha ratificado este miércoles la prisión provisional del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, al considerar que existe un alto riesgo de destrucción de pruebas.
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El Tribunal Supremo ha decidido este miércoles mantener la prisión provisional para Santos Cerdán, el exsecretario de Organización del PSOE, al considerar que persiste el riesgo de destrucción de pruebas. La Sala de lo Penal ha respaldado así la decisión del juez instructor del caso, quien ve indicios de que Cerdán desempeñó un papel crucial dentro de la supuesta red de amaños de contratos investigada en el marco del caso Koldo.
Durante una vista celebrada el martes para revisar el recurso, los abogados del exsecretario socialista defendieron que su cliente está siendo objeto de una "presunción de indecencia" y negaron rotundamente que exista un riesgo real de destrucción de pruebas, asegurando que cualquier posible amenaza ya habría sido controlada por el juez.
Aseguraron que, tras su dimisión el 16 de junio, sí se podría haber registrado su domicilio y su línea telefónica, lo cual no se hizo. Asimismo, cuestionan por qué él se encuentra en prisión, mientras que otros implicados, como el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su exasesor Koldo García, están en libertad con medidas menos restrictivas.
Grabaciones telefónicas y mensajes intervenidos
En contraste, tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones populares, principalmente el Partido Popular, insisten en que hay "indicios sólidos" de que Cerdán ocupó un rol directivo en una organización criminal dedicada a la adjudicación irregular de contratos públicos, gestionando supuestamente hasta 620.000 euros en comisiones ilícitas.
El Supremo destaca que entre las pruebas clave figuran grabaciones telefónicas y mensajes intervenidos en el entorno de Koldo García, además de documentos societarios que vinculan a Cerdán con empresas beneficiarias de contratos públicos, como Servinabar 2000 SL.
Esta semana, el juez del caso Koldo también impuso medidas cautelares (retirada de pasaporte y prohibición de salida) a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y al exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, por presuntas adjudicaciones irregulares. Ambos están siendo investigados por su supuesta participación en la adjudicación de obras públicas, y en su caso las cautelares han sido consideradas suficientes para garantizar el procedimiento.