Los diputados del Parlamento Europeo pasaron la tarde del miércoles interrogando a tres comisarios sobre lo que describieron como un "acuerdo de fondo" con Viktor Orbán para liberar fondos congelados de la UE.
PUBLICIDADLos Comisarios Didier Reynders (Justicia), Nicolas Schmit (Empleo) y Johannes Hahn (Presupuesto) han sido interrogados sobre la decisión de desbloquear el dinero para Hungría, que la Comisión Europea había paralizado previamente por continuas preocupaciones sobre el Estado de Derecho.
El principal punto de discordia fue el momento concreto en que se tomó la decisión a mediados de diciembre de desbloquear 10.200 millones de euros como reacción a la reforma judicial para reducir las injerencias políticas que aprobó Budapest, adoptada un día antes de una cumbre de alto nivel a la que asistían los líderes de la UE.
La reforma se diseñó para satisfacer cuatro requisitos que Bruselas había impuesto como condición para reanudar los pagos y garantizar una supervisión adecuada del dinero de los contribuyentes.
La medida enfureció al Parlamento, que la consideró una capitulación ante las exigencias de Orbán, una dejación de funciones y una afrenta a los derechos fundamentales**. El hemiciclo ha amenazado con emprender acciones legales contra la Comisión** si se desbloquean más fondos.
Antes de la cumbre, Orbán llevaba semanas diciendo abiertamente que vetaría la apertura de las negociaciones sobre la adhesión de Ucrania y un mecanismo especial de 50.000 millones de euros para proporcionar a Kiev un apoyo financiero fiable hasta 2027. El tono beligerante hizo saltar las alarmas en Bruselas y alimentó las especulaciones de que la reunión se convertiría en un fiasco embarazoso para el bloque. Al final, Orbán aceptó las conversaciones de adhesión, pero desbarató el plan de 50.000 millones de euros.
En sus intervenciones, los eurodiputados argumentaron que la Comisión se había apresurado a dar luz verde a los 10.200 millones de euros apenas unas horas después de que Hungría publicara el resto de la reforma judicial en su diario oficial. El apretadísimo calendario, decían, hacía casi imposible examinar adecuadamente la nueva ley y su cumplimiento de los requisitos.
"Casualmente, fue justo antes de la cumbre", asegura Eider Gardiazábal, de los socialistas. "Normalmente, las coincidencias no son tan casuales". "Por supuesto que fue político", argumenta Moritz Körner, del grupo liberal. "Había que ganarse a Orbán". "En política, todo es siempre lo que parece", dice el eurodiputado finlandés Petri Sarvamaa.
Katalin Cseh, política húngara cuyo partido Momentum está en la oposición, lanzó una dura reprimenda, acusando a la Comisión de ignorar las "señales de alarma" que expertos húngaros e internacionales habían enviado sobre las deficiencias y lagunas de la reforma judicial.
Cseh afirmó que "simplemente no se dispuso del tiempo necesario para examinar la ley" y que "todo esto formaba parte de un acuerdo de fondo". Obviamente, la Comisión no pudo supervisar adecuadamente la aplicación, que también era un requisito".
Ante la avalancha de críticas, los tres Comisarios se aferraron a la línea de que Hungría había aportado pruebas suficientes para demostrar el cumplimiento de los cuatro requisitos, que incluían medidas para reforzar el Consejo Judicial Nacional, una junta supervisora autónoma, y tomar medidas enérgicas contra las injerencias políticas dentro del Tribunal Supremo.
"La Comisión tenía la obligación legal de tomar una decisión", ha dicho Reynders.
Schmit señaló que la decisión de diciembre no desencadenaba "automáticamente" un pago de 10.200 millones de euros a Budapest, sino sólo la posibilidad de solicitar reembolsos por proyectos de desarrollo realizados sobre el terreno. Hasta ahora, sólo se han transferido 485 millones de euros, ha añadido.
Los tres han recordado que, a día de hoy, la Comisión sigue reteniendo casi 12.000 millones de euros de la parte asignada a Hungría de los fondos de cohesión y la mayor parte de su plan de recuperación y resiliencia, dotado con 10.400 millones de euros, ya que Budapest no ha cumplido otros hitos relacionados con cuestiones como los conflictos de intereses, los derechos LGTBQ+ y la libertad académica.
Pero según las estimaciones de los eurodiputados, de acuerdo con el reglamento que regula los fondos de cohesión, la Comisión podría haber esperado nueve días más para aprobar la liberación de fondos. De este modo, habrían dispuesto de más tiempo para examinar la legislación y evitar la tan cuestionada coincidencia con la cumbre.
Los legisladores también se quejaron de que el Ejecutivo haya aprobado por la vía rápida la reforma judicial sin esperar a ver sus efectos prácticos en los tribunales y magistrados. "La gran pregunta aquí es: ¿ha habido una evaluación real de los avances en la independencia del poder judicial en Hungría? ¿O ha sido un acuerdo político para librarse del veto de Orbán?", ha dicho Daniel Freund, de Los Verdes.
"Querían que esto saliera por la puerta antes de que se reunieran los líderes", ha añadido.
Dimitrios Papadimoulis, de la Izquierda Unitaria, ha criticado a la Comisión por dar la impresión de "sucumbir" ante Orbán, que ha pedido en repetidas ocasiones que se descongele todo el dinero, y no obtener nada a cambio, dado que el fondo de 50.000 millones de euros para Ucrania sigue estancado en las negociaciones, a pesar de la urgente necesidad de ayuda de Kiev.
"Las cuestiones del Estado de Derecho son demasiado importantes como para entrar en este tipo de regateos", ha dicho Papadimoulis en la sala. Reynders ha contratacado diciendo que todos los elementos de la reforma judicial se habían negociado a fondo entre Bruselas y Budapest, lo que significa que la Comisión conocía "muy bien" el contenido de las leyes antes de su publicación en el diario oficial.
PUBLICIDAD"Sus respuestas parecen de teflón", ha dicho Monika Hohlmeier, la conservadora que preside la comisión parlamentaria de Control Presupuestario. "Lo que echo en falta aquí son hechos reales".