Viktor Orbán ha prometido represalias tras una multa de 200 millones de euros impuesta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que Hungría se niega a pagar.
PUBLICIDADLa Comisión Europea utilizará todos los poderes legales a su alcance para impedir que Hungría transporte en autobús a inmigrantes irregulares a Bruselas, una medida que supondría una grave escalada en el enfrentamiento que desde hace décadas mantienen Viktor Orbán y el Ejecutivo.
La amenaza de Bupadest de transportar deliberadamente inmigrantes de un Estado miembro a otro se considera una represalia por la multa de 200 millones de euros que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha impuesto a Hungría y que el país se niega a pagar.
Todavía no se ha producido ninguna transferencia y no está claro cuándo se producirá, si es que se produce. "En cuanto a los anuncios hechos por las autoridades húngaras de que transportarían inmigrantes irregulares desde las fronteras serbo-húngaras a Bruselas, en una palabra, básicamente, es inaceptable", dijo el martes un portavoz de la Comisión.
"Esta acción, de llevarse a cabo, supondría una clara violación de la legislación de la UE, pero también una clara violación del principio de cooperación sincera y leal, y de la confianza mutua. Además, también socavaría la seguridad del espacio Schengen en su conjunto".
El portavoz dijo que la Comisión estaba "en contacto" con Budapest para asegurarse de que el Gobierno "se abstiene" de seguir adelante con el plan anunciado. También se están manteniendo contactos con los países vecinos de Hungría que podrían verse afectados.
"Estamos dispuestos a utilizar todos los poderes que nos confiere el Tratado para garantizar que se respeta la legislación de la UE", añadió el funcionario.
Según el Código de fronteras Schengen, la Comisión puede presentar una propuesta al Consejo para introducir restricciones temporales, incluida la entrada, en todo el espacio. Los Estados miembros también pueden tomar esa decisión de forma unilateral, como hizo Alemania tras un ataque con arma blanca en la ciudad de Solingen en agosto. Los apuñalamientos, reivindicados por el Estado Islámico, han reavivado el debate migratorio y las peticiones de opciones radicales.
La convergencia de los sucesos de Budapest y Berlín hace temer que el espacio Schengen, uno de los logros más tangibles del bloque, deje de funcionar, minado por una serie de controles fronterizos descoordinados.
Los comentarios de la Comisión llegan tras el aluvión de críticas de las autoridades belgas, que el lunes rechazaron enérgicamente la "provocación" de Hungría y pidieron a la Comisión que reaccionara "con firmeza y decisión".
Nicole de Moor, secretaria de Estado belga de Asilo y Migración, advirtió de que, en caso de que se produzcan los traslados, Bélgica no permitirá el acceso a "flujos migratorios instrumentalizados de esta manera".
Una polémica con raíces en el TJUE
La última polémica tiene su origen en la sentencia del TJUE de junio, que declaró que Hungría había cometido una "infracción sin precedentes y excepcionalmente grave del derecho de la UE" por sus estrictas restricciones al derecho de asilo. El Tribunal impuso al país una multa global de 200 millones de euros y otra de un millón de euros por cada día que persista la infracción.
El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, reaccionó furioso al veredicto, calificándolo de "indignante e inaceptable". En junio señaló que "parece que los inmigrantes ilegales son más importantes para los burócratas de Bruselas que sus propios ciudadanos europeos".
El enfrentamiento no tardó en agravarse cuando los diputados de Orbán amenazaron con pagar a los inmigrantes irregulares un "billete de ida" de Hungría a la capital belga. El viernes, el secretario de Estado, Bence Rétvári, ofreció una rueda de prensa para presentar una fila de autobuses que se utilizarían en la operación, con carteles luminosos en los que se leía "Röszke-Bruselas". Dijo que el transporte se ofrecería de forma "voluntaria" y "gratuita".
"Si Bruselas quiere inmigrantes ilegales, Bruselas puede tenerlos", dijo Rétvári. Mientras tanto, Budapest ha exigido recuperar 2.000 millones de euros de las arcas del bloque, una cantidad que el país afirma haber gastado desde 2015 para proteger sus fronteras interiores. La Comisión no reconoce la cifra como reembolsable.
El conflicto de los autobuses se produce en paralelo a la reciente decisión de Hungría de ampliar su tarjeta nacional a los ciudadanos rusos y bielorrusos, lo que, según advierte la Comisión, podría suponer una amenaza para "todo" el espacio Schengen.