El ministro del Interior de Finlandia, impulsor de un endurecimiento significativo de la inmigración, afirmó a Euronews que la política migratoria europea no se resolverá con solidaridad.
Mari Rantanen, ministra del Interior de Finlandia y responsable también de migración, criticó la decisión del presidente del Gobierno español, Sánchez, de regularizar a miles de migrantes sin papeles, al considerar que supone un riesgo para el espacio Schengen.
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"Jamás propondría medidas así", declaró la ministra en el programa de entrevistas de Euronews '12 Minutes With'.
"Además, cuando estamos en un espacio común, el espacio Schengen, en este 'team Europe' del que habla la gente, creo que existe un alto riesgo si algunos países hacen básicamente lo contrario que otros", añadió.
"Porque ahora, por ejemplo, esas personas pueden desplazarse con mucha facilidad a otros países, así que creo que todos debemos asumir la responsabilidad sobre nuestro espacio común, también en materia de migración".
El Gobierno de izquierdas de España aprobó a finales de enero un plan para regularizar por decreto a alrededor de 500.000 migrantes en situación irregular, siempre que hayan estado en el país al menos cinco meses y antes del 31 de diciembre de 2025. La medida pretende paliar la grave falta de mano de obra en sectores clave.
Supuso una ruptura significativa con las políticas más duras que están adoptando muchos dirigentes en toda Europa. La decisión también generó recelos en Bruselas, donde la Comisión Europea expresó preocupación por un posible conflicto con la política actual de la Unión Europea.
Finlandia, bajo la responsabilidad de Rantanen, ha endurecido su política de asilo para "equipararla a la de los demás países nórdicos", acelerando los procedimientos de solicitud y las repatriaciones. La ministra lo definió como un cambio de paradigma.
Interés en los centros de retorno
Rantanen explicó a Euronews que el país también está interesado en beneficiarse de las nuevas herramientas de retorno propuestas en el marco del Pacto de Migración de la UE, que se espera entre plenamente en vigor en junio de 2026.
Entre ellas figura un reglamento que permitirá a los Estados miembros crear "centros de retorno" en terceros países para devolver a solicitantes de asilo rechazados, internándolos en instalaciones de detención situadas fuera de las fronteras de la UE.
Preguntada por si Finlandia mantiene conversaciones con países de fuera de Europa para albergar estos centros, Rantanen afirmó que el país está "muy interesado en esa opción" y que ya la ha tratado "con países nórdicos".
Sin embargo, evitó citar posibles destinos para esos centros. "Primero necesitamos contar con ese reglamento, por supuesto". El Parlamento Europeo aún tiene que negociar y ultimar estas propuestas con el Consejo.
Numerosas organizaciones de la sociedad civil han advertido de que este tipo de instalaciones pueden acabar suponiendo condiciones similares a las de una prisión y han subrayado el grave riesgo de que aumenten las vulneraciones de derechos humanos.
Rantanen rechazó que esos centros de retorno sean inhumanos. "Porque siempre existe la opción de volver al país de origen". La sociedad civil también ha rechazado este argumento y expertos alertan del riesgo de "refoulement", es decir, de devolver a personas a situaciones de peligro.
Mecanismo de solidaridad
El Pacto de Migración de la UE incluye además un mecanismo de "solidaridad obligatoria" para ayudar a los Estados miembros sometidos a presión migratoria. Los países pueden optar por reubicar a solicitantes de asilo o por aportar apoyo financiero u operativo.
Sin embargo, pocos Estados miembros están dispuestos a acoger personas en virtud de este principio, lo que suscita dudas sobre la eficacia del pacto. La ministra finlandesa rechazó esa interpretación. "Hay distintas formas de mostrar solidaridad, y Finlandia ha decidido ayudar aportando dinero", señaló. En 2026 su país pagará unos 6 millones de euros.
A su juicio, la política migratoria europea no puede resolverse solo con solidaridad. "Creo que tenemos que trabajar en (...) reducir de verdad el número de personas que llegan a Europa".
En cuanto a las medidas que la UE debería estar tomando y aún no ha impulsado, Rantanen señaló la lucha contra las redes de tráfico de personas. "Esto debe hacerse teniendo presencia al otro lado del mar", afirmó.
"Y, por ejemplo, buscando posibles puertos seguros para que, si alguien es rescatado, sea trasladado de vuelta a un tercer país, no a Europa".
Cada año, miles de personas mueren en el mar intentando llegar a Europa. Al menos 2.185 personas murieron o desaparecieron en el Mediterráneo en 2025, mientras que se registraron 1.214 en la ruta de África Occidental/Atlántico hacia las islas Canarias, según nuevos datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Preguntada por si Frontex, la agencia de fronteras de la Unión Europea, podría ver ampliado su mandato para proporcionar esa presencia fuera de la UE, respondió que "El mandato de Frontex se está reescribiendo, así que podría haber, creo, posibilidades en ese sentido".
Ciertos países de la UE ya han expresado su disposición a otorgar a Frontex un papel central en los retornos y, potencialmente, una mayor presencia en países no pertenecientes a la Unión.