El Ayuntamiento de París destina 20 millones de euros para reforzar la seguridad en las actividades extraescolares, en medio de denuncias de fallos sistémicos.
El Ayuntamiento de París aprobó esta semana un plan de acción de 20 millones de euros para reforzar la protección de los menores en actividades extraescolares, tras una serie de casos de violencia sexual en colegios de la capital. Impulsado por el nuevo alcalde socialista, Emmanuel Grégoire, el plan fue aprobado en una sesión extraordinaria marcada por un intenso debate político.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Desde principios de 2026, 78 miembros del personal han sido suspendidos en las escuelas de París, 31 de ellos por sospechas de violencia sexual. Según Grégoire, estas cifras reflejan un fenómeno "sistémico". El alcalde afirmó además comprender la "cólera legítima" de las familias afectadas.
Entre las medidas anunciadas figura la simplificación del sistema de denuncia, con la creación de una línea telefónica específica de atención. El Ayuntamiento también ha prometido reforzar la transparencia con las familias, facilitando las conclusiones de las investigaciones administrativas.
El alcalde se mostró contundente: "Cada caso de violencia contra menores dará lugar a la suspensión inmediata del funcionario implicado, que no podrá volver a trabajar con niños en el Ayuntamiento de París". La ciudad prevé además revisar el diseño de determinadas zonas consideradas "sensibles", como los aseos, para evitar que adultos y menores queden a solas.
También se impulsará un amplio plan de formación para los 20.000 empleados del sector. Grégoire apuesta por profesionalizar este ámbito, especialmente mediante la creación de una "escuela de cuidados extraescolares", en un sector marcado por la precariedad.
Críticas sindicales y presión política al plan del Ayuntamiento
No obstante, la estrategia no convence a todos. El sindicato Supap-FSU denuncia un "clima de sospecha" y "suspensiones arbitrarias". Un centenar de trabajadores se concentró esta mañana ante el Hôtel de Ville para reclamar "contrataciones masivas".
De forma más general, los sindicatos exigen la creación de cientos de puestos fijos, la mejora de las condiciones laborales, la reducción de la ratio de alumnos por monitor, la contratación de personal cualificado para los servicios de guardería y un mayor apoyo a los menores con necesidades especiales.
La oposición de derechas, liderada por Rachida Dati, aprovechó el debate para cuestionar la responsabilidad política de la ex primera adjunta, durante años encargada de recursos humanos. "Como responsable de recursos humanos, permitió que floreciera un sistema", afirmó Jean-Pierre Lecoq, alcalde del distrito 6.
Desde Francia Insumisa, Sophia Chikirou señaló: "Si se quiere reparar, hay que depurar responsabilidades políticas y administrativas que condujeron a este desastre". El principal grupo de la oposición también propone instalar cámaras de videovigilancia en los más de 620 colegios de París, con un coste estimado de "menos de 10 millones de euros".
La idea ha sido rechazada tanto por los sindicatos como por asociaciones de familias. "Harían falta 50 o 100 cámaras por escuela para cubrir todos los ángulos", argumentó Supap-FSU. "No tiene sentido pensar que esto evitará los delitos".
Además de las medidas urgentes, Grégoire se comprometió a crear una comisión independiente encargada de elaborar un diagnóstico completo de la situación y proponer medidas. También anunció una convención ciudadana sobre la organización del tiempo de los menores, formada por 80 padres elegidos por sorteo. Sus conclusiones se esperan para el 22 de junio.