La petición del Gobierno de España de suspender el acuerdo de asociación -firmada por más de un millón de ciudadanos europeos- sigue careciendo de apoyos suficientes, con Irlanda y Eslovenia como sus principales valedores.
La petición de España de poner fin al acuerdo de asociación UE-Israel durante la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de este martes en Bruselas volverá a caer en saco roto, según declaran varias fuentes diplomáticas a 'Euronews'.
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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pidió el domingo romper el acuerdo, acusando a Israel de violar el derecho internacional y, por tanto, los términos del acuerdo. Pero su llamamiento está lejos de alcanzar la posición unificada necesaria para seguir adelante.
Irlanda y Eslovenia se han unido previamente a España en la petición de discutir el acuerdo, al considerar que Israel "incumple sus obligaciones en materia de derechos humanos" por las continuas violaciones del acuerdo de alto el fuego, la escalada de violencia en Cisjordania, las muertes de más de 2.000 personas en Líbano y la reciente aprobación de la pena de muerte destinada, 'de facto', contra ciudadanos palestinos.
La suspensión total del acuerdo de asociación requiere "una posición unificada" entre los países, declaró la responsable de Asuntos Exteriores de la UE, Kaja Kallas, aunque los tratados comunitarios no lo indiquen explícitamente. De momento, "no hay un amplio consenso entre los Estados miembros" para suspender el acuerdo, asegura un diplomático a 'Euronews'.
Países como Alemania e Italia, que se han opuesto a la iniciativa en el pasado, no han cambiado de postura. "Italia adoptará un enfoque serio y equilibrado [sobre el asunto], teniendo en cuenta que no debe haber consecuencias negativas para la población civil israelí", ha declarado el gabinete de Giorgia Meloni. Otros países consideran que la situación merece un nuevo debate, pero no prevén el apoyo necesario para una decisión inmediata. La suspensión total también ha sido solicitada por más de un millón de ciudadanos europeos a través de una petición transfronteriza
La Comisión Europea propuso una suspensión parcial del mismo acuerdo el pasado mes de septiembre, con la guerra de Gaza aún en curso. La presidenta Ursula von der Leyen quiso solamente suspender el pilar comercial del acuerdo, encontrándose con una oposición similar por parte de los países de la UE.
"Creo que debería evaluarse si es posible avanzar con esas [medidas] si los Estados miembros tienen el deseo de hacerlo, para presionar a Israel", dijo Kallas, refiriéndose a la suspensión parcial, tras una reunión para la aplicación de la solución de los dos Estados en la que se reunió con el primer ministro palestino, Mohammad Mustafa.
La propuesta se ha estancado hasta ahora, con los Estados miembros profundamente divididos. Países como Alemania, Hungría y la República Checa se han opuesto a la medida, impidiendo la formación de la mayoría cualificada: se necesita al menos el 55% de los Estados miembros que representen al menos el 65% de la población total de la UE.
Hungría es clave para las sanciones contra los colonos violentos israelíes
Otra propuesta de la Comisión es una serie de sanciones contra los colonos violentos israelíes de Cisjordania. Todos los países de la UE excepto Hungría están de acuerdo con esta iniciativa, que podría tener un resultado positivo tras las elecciones húngaras.
"Este país ha celebrado elecciones y tendrá un nuevo Gobierno. No voy a hablar en nombre del nuevo Ejecutivo, pero definitivamente creo que podemos analizar todas estas políticas y ver si tienen un nuevo enfoque", declaró Kallas a la prensa el lunes. "Los crímenes de los colonos deben ser castigados".
El partido húngaro Tisza, llamado a formar un nuevo gobierno en Budapest, no ha respondido a las preguntas de 'Euronews sobre el tema'. En la Declaración de Nueva York, firmada en julio de 2025, la UE se comprometió a "adoptar medidas restrictivas contra los colonos extremistas violentos y las entidades e individuos que apoyan los asentamientos ilegales".
Hasta ahora ha sancionado, en virtud del Régimen Global de Sanciones de la UE en materia de Derechos Humanos, a nueve personas y cinco entidades vinculadas al extremismo violento en Cisjordania y Jerusalén Este, así como al bloqueo de la ayuda humanitaria a Gaza durante la guerra.