El presidente español pide invocar el Estatuto de Bloqueo, una medida que permite contrarrestar los efectos ilícitos de las sanciones extraterritoriales de terceros países (en este caso Estados Unidos) a personas o instituciones.
El 9 de julio de 2025, la vida se le complicó un poco más a Francesca Albanese, relatora de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados y convertida en una de las figuras internacionales más vocales contra las acciones del Gobierno israelí en esta región.
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Pocos minutos después de terminar una conferencia en Liubliana, Eslovenia, sobre el asunto que ahora centra su vida profesional -el genocidio cometido en Gaza-, Estados Unidos le impuso sanciones que tuvieron un efecto casi inmediato en su vida cotidiana: el bloqueo de sus cuentas o transacciones bancarias de este país, la prohibición de vender su piso de Washington (donde vivía hasta 2021 con su marido e hija menor y con cuya venta esperaban obtener liquidez), la cancelación de su seguro de salud o el fin de su contrato en la universidad de Georgetown, entre otras consecuencias.
En un comunicado de prensa sobre la imposicición de la Orden Ejecutiva 14203, firmada por el secretario de Estado, Marco Rubio, se aseguraba que "Albanese ha colaborado directamente con la Corte Penal Internacional (CPI) en sus esfuerzos por investigar, arrestar, detener o enjuiciar a ciudadanos de Estados Unidos o Israel, sin el consentimiento de esos dos países (...) de forma parcial, maliciosa y antisemita".
Cinco meses antes, el Ejecutivo comandado por Donald Trump ya había disparado la 14203 contra 11 miembros de la CPI, incluyendo a sus nueve jueves y a su fiscal jefe, Karim Khan, por emitir una orden de detención internacional contra Benjamin Netanyahu, su exministro de Defensa, Yoav Gallant, y varios miembros de Hamás ante sus presuntos crímenes de guerra contra civiles palestinos en Gaza y Cisjordania.
"La Sala consideró que hay motivos razonables para creer que ambos individuos privaron intencionalmente y a sabiendas a la población civil de Gaza de objetos indispensables para su supervivencia, incluidos alimentos, agua, medicamentos y suministros médicos, así como combustible y electricidad", rezaba el comunicado de la CPI.
Desde entonces, el primer ministro israelí ha viajado a países como Hungría o Estados Unidos (que no ratificó el Estatuto de Roma que reconoce la jurisdicción de la Corte) sin ser detenido.
Sánchez pide a Von der Leyen activar el Estatuto de Bloqueo
Ahora, el presidente español ha pedido en una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, bloquear los efectos de estas sanciones dentro de la UE tanto para los jueces de la institución internacional como para Albanese, ciudadana italiana.
Pedro Sánchez pide invocar el Estatuto de Bloqueo, una herramienta jurídica europea creada en 1996 en respuesta a sanciones consideradas ilegales por parte de Estados Unidos contra Cuba, Irán y Libia. Su principio básico es que los operadores de la UE no deben cumplir la legislación extraterritorial que sea considerada ilegal, ni ninguna sentencia basada en ella.
"El Gobierno de España", reza el comunicado difundido este miércoles, "plantea que es el momento de que este mecanismo supere la lógica comercial con la que fue creado y sirva como escudo frente a medidas que pongan en riesgo el sistema multilateral basado en la Carta de Naciones Unidas y en el Derecho Internacional (...) España solicita incorporar varias órdenes ejecutivas estadounidenses, dictadas al amparo de la International Emergency Economic Powers Act y la National Emergencies Act, en las que se sustentan las sanciones".
Moncloa asegura estar en contacto con otros miembros de los 27 para presionar en pos de esta medida y que promoverá su inclusión en el orden del día del Consejo Europeo del 18 y el 19 de junio de 2026.
¿Cómo le afectan a Albanese las sanciones de EE.UU. dentro del territorio europeo?
Técnicamente, las restricciones estadounidenses solo se aplican en este país: ni Albanese ni los juristas de la Corte Penal Internacional, por ejemplo, pueden viajar al país que les ha sancionado y les ha retirado su visado, impidiendo por ejemplo que acudan a la sede central de la ONU en Nueva York.
Pero la relatora, en estos momentos, solo puede usar dinero en efectivo. Esto se debe, primero, a la dependencia europea de plataformas estadounidenses como Mastercard o Visa, pero en realidad tampoco puede abrir nuevas cuentas en ningún banco del mundo ni disponer de tarjetas porque ha entrado en la lista OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, dedicado teóricamente a luchar contra el blanqueo de capitales y el terrorismo. No tiene acceso a ningún tipo de transferencia bancaria, en definitiva.
La 14203 también establece penas para cualquier ciudadano estadounidense que tenga con ella un intercambio económico o en especie: tal y como explicó ante la Cámara de Diputados en Italia, estos no pueden ni arriesgarse a invitarle a un café.