Emmanuel Macron admitió fallos en la justicia francesa tras el hallazgo del cuerpo de Lyhanna. El caso ha reabierto el debate sobre la protección de la infancia y ha provocado demandas de reforma judicial por parte de diversos responsables políticos.
Emmanuel Macron expresó este viernes "la solidaridad" y "el afecto de la Nación" a la familia de la joven Lyhanna, y reconoció "que ha habido un fallo" de la justicia. "Está claro que hay un fallo y que no podemos ignorar que han salido a la luz carencias. Ahora hay que aclararlas, así como las responsabilidades en juego", declaró el presidente desde Montenegro, donde llegó el jueves. "Hoy contamos con un sistema colectivo de protección de nuestros hijos que aún debe mejorarse y reforzarse", añadió.
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Los resultados de la autopsia se esperan para este viernes
Esta declaración del presidente se produce mientras el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, reúne este viernes por la mañana a los ministros del Interior y de Justicia, Laurent Nuñez y Gérald Darmanin, para hacer "un balance de situación" sobre el caso Lyhanna.
La reunión se produce después del hallazgo de un cuerpo que llevaba "ropa similar" a la que vestía la niña de 11 años antes de su desaparición el pasado viernes, según el fiscal de Agen, Olivier Naboulet.
La autopsia del cuerpo, que fue encontrado por los gendarmes en un silo de una explotación agrícola cerca del pueblo de Puycasquier, en el Gers, se realizará a última hora de la mañana. Debería permitir identificar formalmente el cuerpo y ofrecer conclusiones sobre las causas de su muerte. La autopsia también tiene por objeto determinar si la víctima sufrió violencia sexual, según indicó a la AFP un oficial de la Gendarmería.
El perfil del principal sospechoso, identificado como Jérôme Barella, ha reabierto el debate sobre el seguimiento judicial y la protección de la infancia. Este hombre de 41 años, padre de dos hijos, ya había sido acusado en varias ocasiones de abusos sexuales a menores sin que se adoptara medida alguna. Desde su imputación el lunes, Jérôme Barella no ha hecho ninguna declaración ante la jueza de instrucción encargada del caso ni ha respondido a ninguna pregunta.
Laurent Nuñez anunció el miércoles que, junto a Gérald Darmanin, había abierto una investigación administrativa para aclarar posibles fallos en el tratamiento de denuncias por violación que afectan al sospechoso. El ministro de Justicia también hizo saber que reunirá el lunes a todos los fiscales generales para una reunión de trabajo en el Ministerio de Justicia.
Responsables políticos de todos los partidos reclaman una reforma del sistema judicial
Varios aspirantes a la elección presidencial de 2027 instaron el jueves a revisar el funcionamiento de la justicia y a tener más en cuenta la voz de los niños. Édouard Philippe pide en particular crear "un verdadero principio de precaución frente a la violencia contra los niños", otorgando una "prioridad absoluta a las denuncias de los niños y a las señales de alerta".
Bruno Retailleau, presidente de Los Republicanos, lamentó por su parte "un fracaso" del sistema judicial y pidió una "reforma en profundidad". "Una sociedad que ya ni siquiera es capaz de proteger a sus hijos es una sociedad cuyos miembros acabarán enfrentándose unos a otros", declaró en X.
Jordan Bardella, presidente de Agrupación Nacional (RN), acusa igualmente al Estado francés de haber "fallado gravemente" y afirma que "el pueblo francés exige cuentas". "Esta tragedia terrible podría, debería, haberse evitado si la institución judicial no hubiera registrado semejantes disfunciones", considera.
Para la presidenta de los Ecologistas, Marine Tondelier, este caso es el "símbolo de un sistema político y judicial incapaz de abordar la cuestión de las violencias machistas y sexuales".
"En 2026 todavía se muere por ser mujer. Por ser una niña", declaró. "En este caso, el principal sospechoso ya tiene un voluminoso expediente en materia de violencia sexual contra niños. [...] ¿Y adivinan qué? Nunca ha sido escuchado por la Policía".
Por último, Manuel Bompard, coordinador de La Francia Insumisa, pide "dotar de los medios necesarios a los investigadores que trabajan en estos asuntos" y considera que "el Gobierno no ha hecho más que recortarlos".
Anne-Cécile Mailfert, de la asociación militante Fondation des Femmes, había pedido por su parte "una ley global contra las violencias sexuales" y estimaba que el sistema actual "es deficiente".