El decreto aplica las normas europeas del AI Act y regula el uso de la IA en la escuela, el trabajo, la justicia y la seguridad. El texto pasa ahora al examen del Parlamento, las comunidades autónomas y las autoridades competentes antes de la aprobación definitiva.
El Consejo de Ministros italiano aprobó el miércoles 10 de junio un decreto legislativo que regula el uso de la inteligencia artificial. Esta regulación se enmarca en el plan de aplicación del Reglamento europeo sobre IA y de la ley 132 de 2025, la primera normativa italiana integral en materia de inteligencia artificial.
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El decreto define las reglas para aplicar las normas a escala nacional y establece un sistema de gobernanza basado en la coordinación entre la Agencia Nacional de Ciberseguridad y la Agencia para la Italia Digital. "Italia es la primera nación que se dota de una normativa nacional integral en la materia", subraya el subsecretario de la Presidencia del Consejo Alfredo Mantovano.
Los decretos de aplicación, que serán examinados por las comisiones parlamentarias, la Conferencia de las Regiones y las autoridades competentes, fijan las competencias de las autoridades nacionales y establecen las reglas para el uso de la inteligencia artificial en ámbitos como la policía, el trabajo, la justicia, la escuela y la investigación.
"No está previsto ningún sistema de vigilancia masiva ni un 'Gran Hermano' generalizado", explicó el ministro del Interior Matteo Piantedosi, que asegura que se prohibirá el uso "de grandes bases de datos biométricos".
El principio rector es el enfoque antropocéntrico, una inteligencia artificial guiada por una visión ética y humanista, en línea con la encíclica 'Magnifica Humanitas' del papa León XIV.
Qué cambia con el decreto sobre la IA
IA para la escuela, la universidad y la formación
La IA se incorporará a los itinerarios educativos de escuelas y universidades, tanto como contenido que conocer como herramienta para innovar la enseñanza. Con este fin se crearán, en apoyo a los centros, comités técnico-éticos territoriales encargados de acompañar y supervisar la innovación didáctica, garantizando la protección de los datos y un uso de la IA "seguro y verificable".
El decreto también contempla una medida dedicada al bienestar digital, 100 millones de euros para formar al profesorado en la prevención de los riesgos ligados al abuso de redes sociales, plataformas digitales y IA.
Trabajo, administración pública, sanidad y colegios profesionales
Las administraciones podrán usar sistemas de IA para el reclutamiento, la formación, la innovación organizativa y la simplificación de los procedimientos. Se trata de un proceso que irá acompañado de una alfabetización digital para todo el personal público, a fin de comprender los límites y los riesgos relativos a la protección de datos y la necesidad de control humano.
La IA entra también en los hospitales. Médicos y personal sanitario deberán formarse no solo en el uso técnico de las herramientas, sino también en responsabilidad clínica, deontología, ética y derecho.
Los colegios profesionales también deberán incluir la alfabetización en IA en la formación inicial y continua. Un aspecto relevante es el del pago justo, el uso de la IA podrá influir en los parámetros de los honorarios profesionales, incluidas las tarifas de los abogados. Se trata de una regulación que pretende "evitar que la automatización devalúe el trabajo intelectual". En las decisiones de contratación, la decisión final no podrá recaer en un algoritmo.
Justicia, policía y reconocimiento biométrico
En el ámbito de la justicia y la seguridad, el decreto introduce novedades importantes en el uso de la inteligencia artificial. Por un lado regula, en casos excepcionales, el uso de herramientas de identificación biométrica por parte de las fuerzas policiales, y por otro prevé la formación de los magistrados en el uso de la IA. Para las fuerzas de policía, la IA para la identificación biométrica solo podrá utilizarse dentro de límites estrictos, para evitar "formas de vigilancia generalizada".
Piantedosi precisa que habrá "una modalidad de uso de la IA 'ex ante' en la comisión de delitos en caso de peligro de terrorismo o para la búsqueda de personas desaparecidas" y que en estos casos será necesaria "una solicitud del jefe de Policía y la autorización de la autoridad judicial". Y después "un uso 'ex post' respecto al delito" sobre la base de elementos objetivos y verificables.
En el ámbito judicial la IA puede ayudar en la investigación, en la organización y en el apoyo, pero no puede sustituir el criterio del magistrado. En materia de responsabilidad civil, se refuerzan las garantías para quienes sufran daños causados por sistemas de IA, con acceso a la documentación técnica y herramientas procesales más favorables para reclamar una indemnización.
En el ámbito de la responsabilidad penal, el ministro de Justicia Nordio ha anunciado además la introducción de un nuevo tipo delictivo, es decir, "la sanción para quien diseñe, desarrolle u omita las medidas de seguridad necesarias de los sistemas de IA cuando de esa conducta derive un peligro concreto para la seguridad de las personas o del Estado".