Un solo hospital y hasta ocho meses de demora explican por qué la región concentra más del doble de fraudes que el resto de España.
El hospital Gregorio Marañón es, desde hace años, el único centro de toda la Comunidad de Madrid habilitado para practicar la radiografía de muñeca que determina si un menor extranjero no acompañado dice la verdad sobre su edad. Por ahí han pasado 378 jóvenes en 2024. La cifra parece modesta hasta que se compara con los 848 expedientes que la Fiscalía de Menores abrió ese mismo año: más de la mitad, 470, se archivaron porque los jóvenes abandonaron los centros de acogida antes de llegar a la prueba.
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Ese cuello de botella (un solo hospital, un procedimiento largo y recursos desbordados) es la explicación que da el Ministerio Público al retraso de hasta ocho meses en la emisión de los informes. Y es también la clave para entender por qué las cifras de Madrid se disparan tanto respecto al resto de España.
Un 70% de fraude en los expedientes terminados
De los 378 que sí completaron el trámite, 266 resultaron ser adultos y 112 seguían siendo menores. Es decir, un 70% de fraude, frente al 39% que refleja la memoria de la Fiscalía General del Estado para el conjunto del país, donde se contabilizaron 7.562 diligencias de determinación de edad en 2024, con 2.457 casos de mayoría de edad confirmada sobre 6.282 resueltos.
Los datos plantean una cuestión: si Madrid concentra realmente una mayor proporción de adultos que se hacen pasar por menores o si el elevado número de expedientes archivados antes de la prueba condiciona el resultado estadístico.
El colapso tiene además un efecto en cadena. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha remitido 119 expedientes a la Delegación del Gobierno pidiendo la repatriación de jóvenes tutelados, un número que ha crecido desde los 110 de hace cinco semanas. Según datos autonómicos, cerca del 40% de ellos ya ha cumplido 18 años sin que se haya tramitado ningún retorno, lo que deja en el limbo tanto a quienes mintieron sobre su edad como al propio sistema de protección, incapaz de resolver los casos antes de que la mayoría de edad los vuelva irrelevantes.
¿Y en otras comunidades autónomas?
Los datos del resto de comunidades dependen directamente de los gobiernos regionales, pero uno de los ejemplos más significativos es Canarias, la comunidad que más menores extranjeros no acompañados recibe.
Las islas abrieron 790 expedientes de determinación de edad en Las Palmas en 2024, un 25,5% menos que el año anterior. De los 538 resueltos, el 28% (152) eran adultos frente al 72% (386) menores, según la Fiscalía General del Estado, un porcentaje de fraude muy inferior al 70% registrado en Madrid. Las ONG remitieron además a la Fiscalía 186 casos de posibles menores no detectados hasta entonces, de los que 73 se confirmaron como tales.
Fuentes policiales insisten en que los casos de familias que abandonan a menores en comisarías con instrucciones concretas para acceder al sistema de protección son puntuales, y no una práctica generalizada.