El presidente del Gobierno ha defendido la regularización extraordinaria como una medida "histórica" tras confirmar que más de un millón de inmigrantes han solicitado acogerse al proceso. El Supremo estudia ahora su encaje en el Derecho de la UE.
Más de un millón de inmigrantes en situación irregular han solicitado acogerse al proceso extraordinario de regularización impulsado por el Gobierno, según confirmó este martes el presidente, Pedro Sánchez, quien defendió la medida como una decisión "histórica" basada en la justicia, el reconocimiento de derechos y la integración, coincidiendo con el cierre del plazo para presentar solicitudes.
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Durante un acto celebrado en Madrid sobre el proceso de regularización, Sánchez aseguró que esta medida responde a una realidad social y económica que España no puede ignorar. Además, subrayó que la inmigración será determinante para el futuro del país. Según advirtió, sin la aportación de la población migrante, España podría perder un 19% de su PIB en 2050 y hasta un 22% en 2075 como consecuencia del envejecimiento demográfico.
El jefe del Ejecutivo sostuvo que la regularización no es solo una cuestión humanitaria, sino también una necesidad económica. Recordó que, desde 2022, la inmigración ha explicado aproximadamente la mitad del crecimiento del país y defendió que la integración fortalece la cohesión social y el Estado del bienestar. "La exclusión no protege a nadie ni da prioridad nacional", afirmó, en referencia a los discursos contrarios a la inmigración.
Una nueva Agencia Estatal de Movilidad Humana
El proceso extraordinario de regularización se abrió el pasado 16 de abril y el Gobierno esperaba inicialmente beneficiar a unas 500.000 personas. Sin embargo, el número de solicitudes ha superado ampliamente las previsiones: a mediados de junio ya se habían registrado unas 900.000 y, al cierre del plazo este martes, el Ejecutivo informó de que se habían presentado alrededor de 1,2 millones de peticiones. La cifra definitiva se conocerá el miércoles.
Durante el acto, Sánchez presentó además el nuevo Plan de Integración y Ciudadanía, dotado inicialmente con 500 millones de euros y estructurado en cuatro ejes estratégicos, 16 medidas y diez objetivos hasta 2030. Entre las iniciativas anunciadas figura la creación de una Agencia Estatal de Movilidad Humana para mejorar la gestión de las políticas migratorias y reforzar la integración de quienes obtengan la residencia.
El presidente también defendió reforzar las vías legales de migración laboral mediante la contratación en origen y anunció que la nueva Agencia Estatal de Movilidad Humana coordinará tanto la acogida como la integración y la movilidad de los trabajadores extranjeros. Según explicó, el objetivo es adaptar la política migratoria a las necesidades del mercado laboral y al reto demográfico, facilitando una inmigración regular y ordenada.
El presidente insistió en que España necesita una política migratoria "ordenada, regular y segura" y defendió que el país debe combinar el control de las fronteras con vías legales de acceso y mecanismos eficaces de integración. También destacó que las llegadas irregulares se han reducido de forma significativa en los últimos años.
La regularización extraordinaria ha generado un intenso debate político. Mientras el Gobierno la presenta como una medida necesaria para reconocer la situación de cientos de miles de personas que ya viven y trabajan en España, el Partido Popular y Vox la han criticado por considerar que puede provocar un "efecto llamada" y aumentar la presión sobre los servicios públicos.
Dudas del Supremo sobre la regularización
El proceso también afronta un frente judicial. El Tribunal Supremo ha abierto la puerta a estudiar una posible suspensión cautelar de la regularización extraordinaria tras plantear dudas sobre su compatibilidad con el Derecho de la Unión Europea, a raíz de los recursos presentados por varias comunidades autónomas y Vox. Antes de adoptar una decisión, la Sala ha pedido alegaciones a las partes.
Según el alto tribunal, el decreto suscita dudas sobre su encaje en la normativa europea al establecer una regularización de carácter general en lugar de un análisis individualizado de cada solicitud. No obstante, la medida sigue plenamente vigente y las solicitudes continúan tramitándose. El Gobierno defiende la legalidad del decreto y confía en que la Justicia termine avalándolo.