La decisión del Gobierno español de conceder un estatuto legal a cerca de medio millón de inmigrantes indocumentados ha suscitado una fuerte desaprobación en Bruselas, según funcionarios que hablaron con 'Euronews' bajo condición de anonimato.
La Comisión Europea tiene serias reservas sobre el anuncio del Gobierno español de que concederá un estatuto legal a unos 500.000 inmigrantes irregulares, según han declarado a 'Euronews' tres funcionarios de la UE, preocupados por la posibilidad de que entre en conflicto con la política actual de la Unión Europea.
La decisión se anunció a finales de enero y afecta a las personas que hayan entrado en el país antes del 31 de diciembre de 2025. Para poder acogerse, los extranjeros indocumentados deben llevar viviendo en España al menos cinco meses, o haber pedido asilo antes de finales de 2025.
El nuevo decreto proporcionará a los beneficiarios un permiso de residencia de un año y el derecho a trabajar en cualquier sector y en cualquier lugar de España, para reforzar el objetivo del Gobierno de "crecimiento económico y cohesión social", según declaró entonces la ministra de Migración, Elma Saiz, a la radiotelevisión pública española 'RTVE'. La medida del Gobierno de Pedro Sánchez ha suscitado la desaprobación de Bruselas.
"No está en línea con el espíritu de la Unión Europea en materia de migración", declaró a 'Euronews' uno de los responsables comunitarios. Otro señaló que una regularización masiva corre el riesgo de enviar un mensaje diferente al que la UE está comunicando actualmente fuera de Europa para disuadir de la migración irregular.
Según fuentes de Bruselas, una de las principales preocupaciones se refiere a la posibilidad de que, con su nuevo estatuto, los inmigrantes regularizados puedan viajar por Europa un máximo de 90 días cada 180 días. Lo que preocupa es que esto pueda dar lugar a que algunos intenten fijar su residencia en otros países de la UE sin permiso.
El comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, intervendrá el martes por la tarde ante el Parlamento Europeo en un debate titulado 'La política española de regularización a gran escala y su impacto en el espacio Schengen y la política migratoria de la UE'. Preguntado por la decisión adoptada por España en enero, Brunner no emitió juicio alguno y dijo que se trata de una responsabilidad nacional.
La UE endurece su política migratoria
La decisión de España parece chocar con los intentos de la mayoría de los demás países europeos de reducir el acceso a la protección internacional de los extracomunitarios y aumentar el número de retornos a los países de origen.
La última legislación de la UE también pretende disuadir de la inmigración ilegal adoptando una política de asilo más estricta con la esperanza de aumentar la tasa de expulsión de inmigrantes irregulares.
El cambio del concepto de "tercer país seguro" amplía el abanico de circunstancias en las que una solicitud de asilo puede rechazarse por inadmisible, lo que permite a los Estados de la UE deportar a los solicitantes de asilo a terceros países con los que no tengan ningún vínculo.
La primera lista de "países de origen seguros" a efectos de asilo, que incluye a Bangladesh, Colombia, Egipto, India, Kosovo, Marruecos y Túnez, además de todos los países candidatos a la UE excepto Ucrania, agilizará el proceso de asilo, ya que las solicitudes de los inmigrantes nacionales de alguno de estos países se evaluarán en procedimientos acelerados.
Se espera que la Eurocámara apruebe definitivamente estos dos cambios legislativos el martes. Otra ley propuesta por la Comisión, denominada "reglamento de retorno", permitirá la deportación de inmigrantes irregulares a terceros países no relacionados con su origen siempre que tengan acuerdos bilaterales en vigor con países de la UE.
Una parte coherente del Pacto de la UE sobre Migración y Asilo, aprobado durante el mandato anterior y que ahora se está aplicando, se centra en los procedimientos fronterizos y su gestión digital, así como en la armonización de las mismas normas para todas las fronteras exteriores de Schengen.
Organizaciones de la sociedad civil, como Amnistía Internacional, Save the Children y Human Rights Watch, han condenado reiteradamente a la UE por reducir el acceso al asilo y desatender la protección de los derechos humanos en los procedimientos fronterizos.