La Comisión Europea propuso una revisión del concepto de "tercer país seguro", allanando el camino para acuerdos similares a la asociación de asilo entre Reino Unido y Ruanda.
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Los países de la UE podrán desestimar sin consideración las solicitudes de asilo y trasladar lejos a los solicitantes, según una modificación del concepto de "terceros países seguros" propuesta el martes por la Comisión Europea.
Según la propuesta, los ciudadanos no comunitarios que soliciten asilo podrán ser trasladados más fácilmente a un país considerado "seguro", donde se espera que soliciten protección internacional, de forma bastante similar a la política de deportación de Ruanda del Reino Unido, que fue declarada ilegal por el Tribunal Supremo.
Un cambio de criterios
Las autoridades de los Estados miembros ya pueden trasladar a los solicitantes de asilo a un "tercer país seguro", si éste los acepta y se respetan algunas disposiciones. Según las normas de la UE, un tercer país seguro es un país no perteneciente a la UE en el que una persona que busca protección internacional recibe un trato acorde con las "normas internacionales".
Entre las salvaguardias figuran la protección de los solicitantes de asilo frente a la persecución y los daños graves, el respeto del principio de no devolución, la posibilidad de recibir protección efectiva en virtud de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados y la posibilidad de acceder a un sistema de asilo que funcione, con concesión de educación y permiso de trabajo además de los derechos de residencia.
Un buen ejemplo de la aplicación del "tercer país seguro" en la legislación actual es la declaración UE-Turquía de 2016: un acuerdo que permite a los países de la UE (en particular a Grecia) trasladar a solicitantes de asilo a territorio turco. Hasta ahora, sin embargo, se exigía algún tipo de conexión entre el solicitante y el tercer país, como una estancia previa o la presencia de algún familiar allí, para que el traslado fuera legal.
La Comisión propone ahora cambiar esta situación concediendo "más flexibilidad" a los Estados miembros a la hora de determinar cómo definen un "tercer país seguro". Ya no será obligatoria la conexión entre el solicitante y el tercer país seguro, sino que los Estados miembros podrán designar como países seguros aquellos por los que el solicitante de asilo haya transitado de camino a Europa.
También podrán designar como seguros aquellos países con los que puedan llegar a un acuerdo. A continuación, deberán notificar a la Comisión dicho acuerdo, aunque no se prevé ninguna lista central de "terceros países seguros" a nivel de la UE. En la práctica, esto significa que un solicitante de asilo podría acabar prácticamente en cualquier sitio, y lejos de su país de origen o de cualquier país con el que esté familiarizado.
La Comisión también propone que los recursos presentados por los solicitantes de asilo contra decisiones basadas en el concepto de tercer país seguro ya no tengan el efecto de suspender cualquier traslado. En su lugar, los solicitantes cuyos recursos prosperen podrán regresar al Estado miembro desde el que hayan sido trasladados para presentar una solicitud.
Una cuestión política controvertida
La legislación es una "modificación específica" del reglamento sobre el procedimiento de asilo que se aprobó durante la pasada legislatura, como parte de la gran reforma de la política migratoria de la UE, el Pacto sobre Migración y Asilo. "Los terceros países que son seguros también deben desempeñar su papel", dijo un funcionario de la UE durante una sesión informativa técnica sobre el asunto.
De momento, sólo cinco de los 27 Estados miembros de la UE han elaborado una lista de terceros países seguros, la mayoría de ellos dentro de Europa. Pero la flexibilización de las normas podría aumentar el número, sobre todo si los terceros países llegan a un acuerdo para aceptar acuerdos de transferencia.
La propuesta pasa ahora a los colegisladores, el Parlamento Europeo y el Consejo, que representan a los Estados miembros, que adoptarán sus respectivas posiciones sobre los cambios previstos. Posteriormente, junto con la Comisión Europea, las tres instituciones trabajarán para acordar un texto común, que finalmente entrará en vigor.
El Partido Popular Europeo, el mayor grupo del Parlamento Europeo, afirmó que la propuesta "envía el mensaje correcto" y "es un paso crucial hacia la creación de un sistema de asilo eficiente, gestionable y justo", según un comunicado de prensa de la eurodiputada alemana Lena Düpont, portavoz del grupo para asuntos de migración.
Se espera más oposición del ala izquierda del Parlamento Europeo. Socialistas y demócratas, Verdes/ALE y el grupo de La Izquierda se oponen tradicionalmente a normas más estrictas sobre migración.
Las ONG también se muestran muy escépticas con la propuesta. "Esta revisión sólo debilitaría aún más el acceso al asilo en Europa, degradaría los derechos de las personas y aumentaría el riesgo de devolución y de detención arbitraria generalizada en terceros países", afirmó Olivia Sundberg Diez, defensora de Amnistía Internacional ante la UE sobre migración y asilo.
La Comisión no llevó a cabo ninguna evaluación de impacto formal para la propuesta, aunque consultó ampliamente a los Estados miembros, el Parlamento, el ACNUR y las partes interesadas de la sociedad civil, cuyos resultados se presentan en un documento de trabajo de los servicios de la Comisión.