La presidenta del Consejo de Ministros Meloni y los ministros Tajani y Salvini apoyan suspender el Tratado de Schengen con España, que responde: "Palabras inapropiadas". Ha llamado a consultas al embajador italiano.
Mientras en el enclave de Ceuta la llegada repentina de miles de migrantes procedentes de Marruecos hace temer una situación de crisis similar a la vivida en 2021, en Italia se habla de una posible suspensión de Schengen con España.
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Aunque la ciudad autónoma se encuentra en el norte de África, desde Palazzo Chigi ha circulado de inmediato la noticia que plantea la suspensión del tratado, firmado en 1985 y en vigor desde 1990, que elimina las fronteras interiores entre los países miembros de la Unión Europea.
Poco después, la primera ministra italiana Giorgia Meloni habló en las redes sociales de "imágenes impresionantes" que llegan desde Ceuta y confirmó que Italia "está preparada para intervenir", sin descartar la suspensión del tratado que elimina los controles en las fronteras interiores entre los países miembros.
Meloni, Tajani y Salvini, a favor de restablecer los controles en las fronteras interiores
La líder de Hermanos de Italia añadió que "la inmigración clandestina fuera de control representa una amenaza concreta para la seguridad de las fronteras europeas" y que, por ello, se están "convocando los organismos competentes, y al término de estas reuniones estamos preparados para intervenir también con instrumentos extraordinarios para defender las fronteras y la seguridad de los ciudadanos, como la suspensión del espacio Schengen con España".
"Estoy a favor de cerrar el espacio Schengen con España", declaró por su parte el ministro de Exteriores Antonio Tajani en un mensaje en la red social X. "La inmigración irregular e incontrolada, añadió, representa un peligro para la seguridad nacional. Las imágenes que llegan desde Ceuta demuestran que la decisión del gobierno de Madrid de conceder la ciudadanía española, y por tanto europea, a más de 500.000 inmigrantes irregulares es profundamente equivocada e incentiva el tráfico de seres humanos".
Del mismo modo, el ministro de Transportes Matteo Salvini consideró "necesario" suspender Schengen. Y en un segundo mensaje en X atacó igualmente al gobierno español: "He afrontado años de proceso, arriesgando seis años de cárcel, por haber protegido las fronteras de mi país. Sánchez no. Suspender Schengen. Defender las fronteras".
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, por su parte ha reiterado la necesidad de respetar "los derechos y la dignidad" de todos los migrantes que llegan a Ceuta, según señaló su portavoz.
Dura respuesta de España: "Mensaje inapropiado, convocado el embajador italiano"
La respuesta del Gobierno de España fue inmediata y especialmente dura. El ministro de Exteriores José Manuel Albares, aludiendo en particular a las palabras de su homólogo Tajani, habló de un "mensaje inapropiado por parte del ministro de Exteriores de un país socio y amigo, del que esperamos solidaridad europea y no demagogia partidista" y anunció la decisión de convocar mañana al embajador italiano en España.
La suspensión de Schengen está contemplada en el propio texto del tratado, que en su artículo 25 especifica en qué situaciones y de qué manera es posible hacerlo. Es necesario, ante todo, que exista una "amenaza grave para el orden público o la seguridad interior de un Estado miembro".
En ese caso, se pueden "con carácter excepcional" restablecer los controles en las fronteras interiores "en todas las partes o en partes específicas de sus fronteras interiores por un período limitado de una duración máxima de 30 días o por la duración previsible de la amenaza grave" si esta supera dicho límite temporal.
La suspensión de Schengen es una "medida de extrema ratio"
Desde el punto de vista jurídico, sin embargo, el tratado señala claramente el carácter de absoluta excepcionalidad de la suspensión y habla abiertamente de "medida de extrema ratio".
Se trata por tanto de una decisión "residual", que debe adoptarse, en otras palabras, en ausencia de otros instrumentos disponibles. El tratado precisa que, en cualquier caso, la duración total del restablecimiento del control fronterizo en las fronteras interiores, incluidas posibles prórrogas, no puede ser superior a seis meses.
Es necesario, sin embargo, que el gobierno que pretenda proceder a la reintroducción de los controles fronterizos notifique su decisión al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión y a los demás Estados miembros. En los casos en que el restablecimiento esté programado, debe hacerlo cuatro semanas antes; cuando se trate de una situación repentina e imprevista, el país está obligado a hacerlo "lo antes posible".