Un informe de Funcas cifra en hasta 840.000 los extranjeros que viven sin papeles en España y señala un fuerte aumento en los últimos años. El Ejecutivo plantea un real decreto para conceder permisos a quienes acrediten estancia y carezcan de antecedentes.
En España viven cientos de miles de extranjeros en situación irregular que sostienen buena parte de la economía informal, desde el trabajo doméstico y el campo hasta la construcción. El Gobierno prepara ahora una regularización extraordinaria mediante un real decreto que deberá aprobar el Consejo de Ministros.
La medida se dirigirá a quienes acrediten más de cinco meses de permanencia en el país en el momento de la solicitud, no hayan llegado después del 31 de diciembre de 2025 y carezcan de antecedentes penales. El Ejecutivo estima que el proceso podría alcanzar a unas 500.000 personas, aunque otros cálculos elevan el número hasta cerca de 840.000, en su mayoría procedentes de América Latina, especialmente de Colombia, Perú y Honduras.
El fuerte aumento de la inmigración irregular en los últimos años queda reflejado en un informe de Funcas elaborado con datos de 2025. El centro de análisis sostiene que la población extracomunitaria sin autorización administrativa se ha multiplicado por ocho desde 2017, pasando de unas 107.000 personas a cerca de 840.000. La estimación se obtiene al cruzar las cifras oficiales de población, como el padrón, con los datos de permisos de residencia en vigor.
Las regularizaciones extraordinarias suelen ir dirigidas a personas que ya viven en España sin acceso a derechos básicos. Se trata de cientos de miles de personas atrapadas en una situación de precariedad estructural: sin posibilidad de trabajar legalmente, con enormes dificultades para alquilar una vivienda, empadronarse o demostrar su residencia continuada, requisitos imprescindibles para aspirar a una regularización ordinaria. La consecuencia es una población que permanece fuera del radar administrativo.
Funcas subraya que el marco legal vigente empuja a muchos inmigrantes a permanecer durante años en la irregularidad antes de obtener un permiso. Este "largo periodo en la irregularidad", señala el informe, se acentúa cuando aumentan de forma intensa las llegadas, lo que provoca crecimientos rápidos del número de personas sin papeles.
España ya ha recurrido en otras ocasiones a este tipo de medidas. Entre 1986 y 2005 se aprobaron nueve procesos de regularización extraordinaria que permitieron conceder permisos de residencia y trabajo a más de un millón de personas. El primero fue impulsado en 1986 por el Gobierno de Felipe González y exigía únicamente demostrar una estancia previa al 24 de julio de 1985.
En los años siguientes se aprobaron nuevas regularizaciones que incorporaron requisitos adicionales, como una oferta de empleo estable o vínculos familiares con personas ya regularizadas, y beneficiaron a más de 150.000 inmigrantes.
Durante los gobiernos de José María Aznar se desarrollaron tres procesos extraordinarios más, en 1996, 2000 y 2001. En conjunto, estas medidas permitieron regularizar a 524.621 inmigrantes no comunitarios, la cifra más alta registrada hasta entonces.
La última gran regularización se produjo en 2005, ya con José Luis Rodríguez Zapatero en el Gobierno.El procedimiento, abierto durante cuatro meses, obligaba a acreditar la estancia en España antes del 8 de agosto de 2004 y a presentar un contrato de trabajo de al menos seis meses y jornada completa. Más de 576.000 personas se acogieron a ese proceso.
Desde entonces, el sistema se ha apoyado principalmente en las distintas figuras del arraigo, social, laboral, familiar y formativo, como vía para acceder a la regularización. Según Funcas, este modelo ha evitado que se alcancen cifras tan elevadas como las anteriores a 2005, pero no ha frenado los incrementos significativos en periodos de mayor presión migratoria.
Antes del anuncio del nuevo proceso extraordinario, las proyecciones del centro apuntaban a un aumento anual de unas 90.000 personas en situación irregular. De mantenerse esa tendencia entre 2025 y 2027, el incremento habría alcanzado las 270.000. Descontando los permisos por arraigo previstos por el Gobierno para ese periodo, el resultado sería una estabilización del total de personas sin papeles, más que una reducción efectiva.
En cuanto al origen, los datos de Funcas indican que la mayoría de los migrantes en situación irregular en España proceden del continente americano, unos 760.000. Destacan especialmente las personas de nacionalidad colombiana, con cerca de 290.000, seguidas de las peruanas, con casi 110.000, y las hondureñas, en torno a 90.000. Muy por detrás se sitúan las procedencias africanas, asiáticas y europeas.