La cifra, adelantada por fuentes gubernamentales, casi duplica las previsiones iniciales y podría convertir este proceso en la mayor regularización extraordinaria de inmigrantes desde el regreso de la democracia.
Más de 1,2 millones de inmigrantes han solicitado acogerse al proceso extraordinario de regularización impulsado por el Gobierno, según han adelantado fuentes gubernamentales a 'El País'. La cifra, que deberá confirmarse en los próximos meses una vez se compruebe la validez de las solicitudes presentadas, se conoce a solo un día de que concluya el plazo de admisión.
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Las previsiones iniciales del colectivo Regularización Ya y del propio Gobierno apuntaban a que entre 500.000 y 700.000 personas podrían acogerse al procedimiento extraordinario. La medida permitirá regularizar la situación de personas que ya residían y trabajaban en España antes de 2026 y durante un mínimo de cinco meses consecutivos, pero que no podían cotizar a la Seguridad Social al no tener acceso a un contrato de trabajo legal debido a la configuración de la normativa vigente.
Según el Real Decreto aprobado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el plazo máximo para resolver cada solicitud será de tres meses, mientras que la admisión a trámite deberá notificarse en un máximo de 15 días. Desde ese momento, los solicitantes podrán incorporarse legalmente al mercado laboral de forma automática. En caso de que transcurran los tres meses sin resolución expresa, el silencio administrativo tendrá carácter desestimatorio.
De este modo, el Gobierno dispondrá en apenas dos semanas de una estimación bastante precisa del número de personas cuyas solicitudes han sido admitidas a trámite. En un plazo máximo de tres meses quedará definido el volumen definitivo de regularizaciones, aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciará previsiblemente este martes los primeros datos provisionales.
Seis regularizaciones desde la Transición
España ha llevado a cabo seis procesos extraordinarios de regularización desde el regreso de la democracia en 1978 bajo los gobiernos de Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero. El récord corresponde a este último, con 576.506 personas regularizadas, una cifra que podría superarse ampliamente si finalmente se valida la mayor parte de las solicitudes presentadas en esta ocasión.
Para acceder al procedimiento, los solicitantes deben acreditar su residencia en España mediante documentación como el certificado de empadronamiento, contratos de alquiler, facturas de suministros, informes médicos, envíos de dinero al extranjero o billetes de avión que demuestren su permanencia en el país durante el periodo establecido en el real decreto. Además, no podrán tener antecedentes penales.
Una vez admitida a trámite la solicitud, cualquier procedimiento de devolución o expulsión quedará suspendido y el solicitante obtendrá una autorización provisional de residencia con una vigencia de un año. Transcurrido ese plazo, deberá solicitar una autorización ordinaria. La admisión al procedimiento no equivale a la obtención de la nacionalidad española, que sigue un proceso distinto y requiere cumplir otros requisitos legales.