El Gobierno cifra en 42.790 las peticiones online y pide cooperación institucional para agilizar el proceso. Los primeros días del proceso estuvieron marcados por las grandes colas y los fallos informáticos, debido al volumen de solicitantes.
Un total de 42.790 personas han presentado solicitudes telemáticas para iniciar su regularización extraordinaria en España desde la apertura del procedimiento el pasado jueves y hasta la medianoche de este domingo, según datos facilitados por el Gobierno. El balance fue presentado en Las Palmas de Gran Canaria por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien detalló una evolución diaria sostenida desde el arranque del proceso.
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El primer día se registraron 13.400 solicitudes, seguidas de 13.500 el viernes, 8.300 el sábado y 7.300 el domingo. A estas cifras se suman 29.900 peticiones de cita presencial para continuar el trámite, que se activa este lunes en oficinas de Correos, de la Seguridad Social y en otras entidades colaboradoras. Además, la línea telefónica 060 ha atendido alrededor de 47.000 consultas relacionadas con esta regularización.
Torres explicó que el desglose territorial de los datos se conocerá a final de semana y reclamó "máxima colaboración institucional" y "lealtad" entre administraciones, ya que los solicitantes deberán aportar documentación municipal, como certificados de vulnerabilidad. "Una cosa es que se esté a favor o en contra de la medida y otra no responder las administraciones con la obligación que tenemos desde el punto de vista institucional", afirmó.
El ministro volvió a cargar contra la postura del Partido Popular, al que acusó de incoherencia por criticar el procedimiento. Recordó que José María Aznar gobernaba durante procesos similares a comienzos de los años 2000 y subrayó que el actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, presidía por aquel entonces Correos, una agencia "fundamental" en el desarrollo del trámite.
Torres rechazó además que la regularización genere un "efecto llamada", calificándolo de "incoherencia absoluta". Precisó que la medida solo se aplica a personas que ya estaban en España antes de finales del año pasado y que "no van a consumir viviendas, porque ya las consumían, las tenían o no las tenían, pero ya vivían en nuestro país".