La Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia, una de las patas tecnócratas de La Moncloa, compara dos escenarios -uno que mantiene las políticas migratorias vigentes y otro que las restringe- para analizar sus efectos en la economía española hasta 2075.
El mundo se adentra en el segundo cuarto del siglo XXI bajo la certeza de cuál será su principal caballo de batalla sociopolítico, económico y cultural, y España -o al menos su Ejecutivo actual- ha tomado partido.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez defiende a capa y espada una política migratoria abierta, generando titulares y entrevistas en medios internacionales debido al contraste frente al 'zeitgeist' antimigratorio que predomina en el grueso de Occidente, un equipo técnico especializado en cuestiones económicas y demográficas, coordinados por la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia (ONPE) de Ángel Alonso Arroba, se ha rearmado de argumentos técnicos para defender este enfoque.
Los expertos de Semillas, uno de los 13 complejos que conforman la sede del Ejecutivo y llamado así por albergar la antigua sede del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, han elaborado un documento técnico en el que comparan diferentes proyecciones demográficas y económicas para dentro de 10, 30 y 50 años si se mantuviesen las políticas migratorias actuales o si, por el contrario, hubiese una restricción de las mismas en España.
Un decrecimiento del 22% en el PIB en 2075
Esta semana el país ha alcanzado el récord histórico de 22 millones de trabajadores ocupados, un cifra que los expertos vinculan parciamente al flujo migratorio creciente del que se beneficia la Península Ibérica desde los años de la recesión, y que se ha acelerado particularmente tras la pandemia de coronavirus. En particular, una vía exprés desde 2018 -que ser revocará a partir de junio- ha regularizado casi automáticamente a unos 240.000 ciudadanos venezolanos debido a la situación política del país caribeño.
El informe ha calculado estas previsiones bajo el supuesto de una reducción de los flujos migratorios en un 30% anual, y en base a ello estima que el PIB se reduciría en un 5% (en 2035), un 14% (2055) y un 22% (2075) de no mantenerse las cifras actuales. Estas muestran un crecimiento aproximado de la población inmigrante legal entre un 4 y un 4,5% de media desde hace 15 años.
"La evidencia empírica internacional sugiere que este aumento de la oferta laboral no suele traducirse en efectos adversos significativos sobre el empleo o los salarios de la población nacida en el país, particularmente a medio y largo plazo", defienden los especialistas, asegurando que esta parte de la población genera entre el 15% y el 25% del aumento anual de la renta media y ayuda a cubrir vacantes en sectores con elevada demanda de mano de obra, como la hostelería.
El 20% de los pueblos españoles desaparecerían junto con sus explotaciones agrícolas
Las paupérrimas condiciones de los temporeros del sector primario en zonas como Huelva, Almería o en la Cataluña interior es una de las principales reivindicaciones históricas de colectivos por los derechos de las personas migrantes como Regularización Ya, impulsor de la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno tras alcanzar un pacto con Podemos al respecto.
La muerte de varias personas en estas explotaciones -por golpes de calor, pero también por sucesos violentos como incendios o tiroteos- contrasta con la gran cantidad de contrataciones en negro que se producen en las explotaciones agrícolas españolas, facilitando el incumplimiento de sus derechos laborales y el perjuicio a la economía nacional al no permitir que coticen en la Seguridad Social, entre otras consecuencias.
Sin estos trabajadores, afirma el informe, más de 220.000 fincas agroalimentarias podrían abandonarse en los próximos 50 años, casi tres de cada diez de las que existen hoy en España, profundizando así uno de los problemas estructurales del país: su despoblación rural.
El análisis también calcula el abandono de hasta 2.300 pequeños municipios en el país, que asciende a la friolera del 20% total. La situación es especialmente grave en el oeste español, con provincias como Orense o Zamora (donde ya hay una media de edad superior a los 50 años), así como en otras regiones como Soria o Teruel, con tasas demográficas comparables a zonas de la estepa siberiana.
Esto provoca una cadena de consecuencias, como el cierre de centros educativos o diversas ramas formativas en Bachillerato en pueblos con muy pocos alumnos: el análisis calcula una reducción de 32.000 aulas en Primaria y unas 18.000 en los institutos.
También se ven afectados servicios básicos como centros de atención primaria comarcales, dejando sin servicios básicos a la población aledaña y condenando a dichos municipios a su desaparición al no poder atraer nuevos integrantes... excepto en el caso de refugiados o migrantes por motivos económicos que en los últimos años se han trasladado a estas zonas, provocando que algunos de ellos experimienten sus primeros nacimientos en décadas.
Sin médicos o cuidados para mayores en un país cada vez más envejecido
"Con políticas que limiten la llegada de nuevos trabajadores, la oferta de cuidados podría caer un 28%, justo cuando el número de mayores dependientes podría llegar a aumentar en cerca de un 60%", advierten los analistas del grupo conformado por la ONPE, que estiman que en áreas metropolitanas como Madrid el 90% de las personas al cuidado de ancianos dependientes son de origen migrante.
"Si el ratio actual entre beneficiarios y profesionales se mantuviera constante, atender esta demanda requeriría alrededor de 1.282.737 trabajadores en el sector de los cuidados. Dado el nivel actual de empleo, ello implicaría la necesidad de incorporar aproximadamente 483.601 trabajadores adicionales", expresan los analistas citando a trabajos del BBVA, la Universidad de Cambridge y la OCDE. Son cálculos desactualizados, ya que los dos primeros estudios son de la década pasada, por lo que la diferencia podría haberse agudizado.
Además, el equipo del Grupo Técnico de Trabajo en Migraciones, conformado por nueve académicos de diversas universidades españolas, calcula que el número de médicos en el país se reduciría en 64.000 especialistas. Se trata de un sector público que ha visto crecer su lista de espera en los últimos años, cuyos profesionales se encuentran actualmente en huelga general por sus condiciones de trabajo, con una alta tasa de empleabilidad que depende de médicos migrantes para cubrir los huecos.
Pensiones infrafinanciadas: el eterno tabú económico de España
2.000 euros adicionales para mantener el nivel actual de prestaciones. Esos son los cálculos que los economistas del estudio estiman para 2075, aunque señalan que se produce una paradoja: los años de mayor peso para las arcas públicas se producirá entre 2050 y 2060, cuando se terminen de jubilar los integrantes de la generación X, cuyo nacimiento en España coincide con el desarrollismo del tardofranquismo y la apertura democrática que multiplicó el nacimiento de niños. En 2055, por ejemplo, la diferencia en el gasto de pensiones será un 0.2% mayor que en el 75.