El Gobierno español ha lanzado un proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes que podría beneficiar a medio millón de personas que viven sin estatus legal. En 'Euronews' hablamos con un abogado de extranjería para aclarar las principales dudas de esta medida.
El Gobierno español ha puesto en marcha un proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes en situación irregular que podría beneficiar a medio millón de personas que actualmente viven en España sin estatus legal.
Según ha explicado el Ejecutivo socialista, el objetivo de la norma, que se tramitará a través de un real decreto, es ofrecer una vía legal de residencia y trabajo a personas que llevan tiempo viviendo en España, pero que hasta ahora no han podido acceder a un permiso formal. Con ello se espera que puedan desempeñar sus oficios legalmente, pagar impuestos y disfrutar de todos los derechos de las personas que residen legalmente en el país.
El anuncio, sin embargo, ha generado una intensa polémica política. Diversas voces críticas cuestionan que una medida de este alcance se apruebe mediante real decreto y no a través de un pacto parlamentario más amplio, y alertan de un posible "efecto llamada" frente a otros países europeos que están endureciendo sus políticas migratorias.
En los últimos días, las redes sociales se han llenado de bulos y especulaciones sobre el alcance real de la regularización, los derechos que concede —y los que no— y su impacto económico y social. Para aclarar en qué consiste exactamente el proceso, a quién afecta, cómo funcionará el permiso de trabajo, qué ocurre con el derecho a voto, la reagrupación familiar o los antecedentes penales, 'Euronews' ha hablado con el abogado especializado en extranjería Pau Ventura, que además advierte de que el número de solicitudes podría ser muy superior a lo previsto por el Gobierno.
¿En qué consiste la regularización masiva de inmigrantes?
Según el experto, quienes puedan acogerse a esta regularización obtendrán un permiso de residencia y trabajo. La principal novedad, añade, es que la autorización provisional se activará desde la admisión a trámite, de modo que no será necesario esperar a la resolución definitiva para poder trabajar legalmente o cotizar a la Seguridad Social.
Ventura considera que esta medida responde a un problema estructural del sistema. "El gran problema no es que las personas en situación irregular no encuentren trabajo; es que muchas empresas no quieren esperar seis o siete meses a que se resuelva un trámite", explica. Con la autorización provisional, añade, los solicitantes podrán incorporarse al mercado laboral "desde el minuto uno", independientemente de cuánto tarde la Administración en resolver su expediente.
Más de un millón de solicitudes y riesgo de atasco
El abogado cree que el volumen real de solicitudes podría superar ampliamente las previsiones del Gobierno. "Se habla de 500.000 u 800.000, pero me atrevo a decir que serán más de un millón", afirma. A su juicio, ese escenario hará inevitable un cuello de botella en las oficinas de Extranjería.
Precisamente por eso, sostiene, el permiso provisional desde la admisión a trámite busca evitar que ese atasco administrativo deje a cientos de miles de personas en un limbo laboral durante meses.
Ventura advierte, no obstante, de que el plazo que maneja el Ejecutivo para conceder ese permiso provisional, "no más de 15 días" según la ministra, será "difícil de cumplir" por la carga de trabajo de la Administración. Aun así, recalca que el cambio es relevante porque permite trabajar y cotizar mientras se tramitan los expedientes.
Duración del permiso y renovación
El permiso inicial tendrá una duración de un año para la mayoría de solicitantes. Durante ese periodo podrán trabajar y cotizar con normalidad. En el caso de los menores, la autorización será de cinco años.
"Esto es importante porque evita que los menores tengan que estar renovando constantemente y les da estabilidad", subraya Ventura. En cualquier caso, aclara que la regularización no supone una residencia permanente, sino un primer paso que puede dar acceso a permisos de mayor duración si se cumplen los requisitos.
Sobre qué ocurrirá al finalizar ese primer año, el abogado anticipa que el momento de la renovación será clave. Aunque el permiso está ligado al trabajo en la mayoría de los casos, cree que podrían aplicarse criterios flexibles para determinados colectivos, como personas cercanas a la jubilación o con mayores dificultades de inserción laboral, siguiendo precedentes de permisos excepcionales concedidos en otras situaciones.
¿Tienen derecho a voto los inmigrantes regularizados?
Uno de los aspectos que más desinformación ha generado es el supuesto derecho al voto. Ventura lo desmiente de forma tajante: "Es completamente falso que esta regularización dé derecho a votar en elecciones generales".
Recuerda que sin nacionalidad española no se puede votar ni en generales ni en autonómicas, y que el derecho al voto en municipales solo existe para ciudadanos de la UE o de países con convenios específicos.
¿Qué pasa si los inmigrantes tienen antecedentes penales?
El calendario del proceso aún no es definitivo, pero el Gobierno prevé abrir el plazo de solicitudes entre abril y junio de 2026. Podrán presentar su expediente quienes acrediten haber estado en España antes del 31 de diciembre de 2025 y al menos cinco meses de permanencia, siempre que no tengan antecedentes penales incompatibles.
Ventura explica que la admisión a trámite tendrá un efecto inmediato: "Desde ese momento, la persona podrá trabajar y empezar a computar tiempo a efectos legales".
¿Pagarán impuestos?
Desde la activación del permiso provisional, los beneficiarios empezarán a cotizar a la Seguridad Social y a pagar impuestos, como el IRPF. "El principal beneficiado es el Estado", sostiene Ventura, que enmarca la regularización en términos económicos y laborales. "En España y en Europa falta mano de obra en prácticamente todos los sectores", afirma, y prevé un aumento inmediato de contratos, cotizaciones y recaudación.
"Las cotizaciones cuentan para prestaciones y para la jubilación", señala el abogado, que recuerda que España mantiene convenios con numerosos países para sumar cotizaciones realizadas en el país de origen. "Cada Estado paga la parte proporcional de la pensión", explica.
¿Podrán beneficiarse de la reagrupación familiar?
En cuanto a la reagrupación familiar, Ventura aclara que no será automática. "La ley exige haber cumplido un año de residencia legal para poder iniciar ese trámite", señala, y añade que los familiares a reagrupar deben encontrarse fuera de España. En la práctica, apunta, muchas familias que ya conviven en el país podrán regularizarse juntas si cumplen los requisitos.
La regularización tampoco supone un blindaje absoluto. "Esto está sujeto a las normas generales de extranjería", recuerda el letrado. La presentación de documentación falsa, el fraude o la comisión de delitos graves pueden suponer la pérdida del permiso. Además, transcurrido el primer año, será necesario renovar la autorización y acreditar el cumplimiento de las condiciones exigidas.
González, Aznar y Zapatero usaron la misma fórmula para regularizar inmigrantes
No es la primera vez que España recurre a procesos de regularización extraordinaria. A lo largo de la etapa democrática se han llevado a cabo seis regularizaciones integrales que han permitido la incorporación al sistema español de más de un millón de personas. El Gobierno de Felipe González regularizó la situación de 174.011 personas, mientras que el de José María Aznar hizo lo propio con 503.327.
En 2005, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero concedió permisos de residencia a 576.506 personas, en lo que supuso la regularización más amplia de la historia democrática. El único Gobierno que no recurrió a este mecanismo fue el de Mariano Rajoy. Ahora, el Ejecutivo español vuelve a utilizarlo por primera vez en los últimos veinte años.