La defensa del expresidente pide anular todas las actuaciones del caso Plus Ultra al considerar que el proceso se inició con pruebas obtenidas sin la habilitación constitucional necesaria. Mientras, el juez José Luis Calama ha pedido a los juzgados de Madrid que investiguen las filtraciones.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha pedido a los juzgados de Madrid que investiguen las filtraciones del caso Plus Ultra y traten de identificar a sus responsables, al considerar que podrían constituir un delito de "revelación de actuaciones declaradas reservadas".
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El magistrado sostiene que las filtraciones se han repetido desde que las actuaciones fueron trasladadas a las partes y señala que alcanzaron su punto álgido con la difusión del último informe de la UDEF sobre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
Ante esta situación, ha acordado reforzar la confidencialidad de la investigación con nuevas medidas, entre ellas restringir el acceso a parte de la documentación de la causa y a las grabaciones de las declaraciones de testigos e investigados para tratar de evitar nuevas filtraciones.
La decisión coincide con un nuevo movimiento de la defensa de Zapatero, que trata de desmontar la investigación desde su origen.
La respuesta de la defensa
El abogado de Zapatero ha presentado ante el juez instructor José Luis Calama un escrito en el que solicita la nulidad de todas las actuaciones del denominado caso Plus Ultra.
En el incidente de nulidad general, la defensa argumenta que el proceso parte de un análisis de conversaciones privadas no autorizadas, como el teléfono móvil de Rodolfo Reyes, expresidente de Plus Ultra, y que eso contamina todo lo que vino después.
El letrado apunta a varias vulneraciones de derechos fundamentales: el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, el derecho a un proceso con todas las garantías, la tutela judicial efectiva y la presunción de inocencia.
Añade que si no existiera una autorización judicial motivada, las garantías esenciales del procedimiento quedarían radicalmente laminadas, porque las actuaciones policiales se habrían producido sin la habilitación legal exigida por la Constitución, con la consiguiente vulneración del secreto de las comunicaciones, la intimidad y la protección de datos.
La defensa va más allá y señala maniobras orientadas a llevar el asunto hacia los órganos judiciales de mayor conveniencia, obviando al juez legalmente competente.
Como consecuencia directa de ese razonamiento, solicita que se excluyan del procedimiento las evidencias obtenidas en todos los registros acordados tanto por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, donde empezó la causa, como por la propia Audiencia Nacional. En palabras del escrito: "La nulidad de actuaciones tiene origen en la propia génesis" de la investigación y arrastra el resto del procedimiento.
Los WhatsApp que complican el panorama
Mientras la defensa intenta limpiar el tablero procesal, la investigación avanza en otra dirección. Entre los anexos del informe de la UDEF, fechado el 22 de junio, figura un documento de más de 1.000 páginas con conversaciones de WhatsApp entre Zapatero y su secretaria, Gertrudis Alcázar.
La UDEF sostiene que las conclusiones del informe se apoyan en mensajes que reflejan la preparación de reuniones, la transmisión de documentación relacionada con litigios y la reclamación de pagos pendientes, lo que los investigadores interpretan como la columna vertebral de una presunta trama de intermediación.
Esas conversaciones contienen además referencias a figuras políticas de primer orden. Aparecen menciones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que Zapatero se refiere en los mensajes como "PG" o "Schz", y también al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, cuya última referencia en la documentación está fechada el 2 de junio de 2025, semanas antes de su propia imputación en el caso Koldo.
También se menciona a varios miembros del Ejecutivo como Félix Bolaños, María Jesús Montero y Carlos Cuerpo. El nombre de Carles Puigdemont aparece igualmente: Zapatero escribió a su secretaria el 20 de noviembre de 2025, cuando Junts acababa de romper relaciones con el PSOE, para cancelar sus reuniones de esa tarde. "No podré tener las reuniones de esta tarde. Puigdemont", rezaba el mensaje.
La derivada boliviana: 200.000 euros y el Grupo Gloria
Al margen del caso original sobre el rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra, la investigación ha abierto una nueva línea. Los investigadores apuntan a la existencia de una organización criminal liderada por Zapatero que, aprovechando sus contactos internacionales, se habría dedicado al ejercicio de influencias de carácter ilícito en beneficio de distintos clientes.
En concreto, un informe de la UDEF fechado el 22 de junio sitúa al expresidente del Gobierno en una presunta dinámica de intermediación ante el Gobierno de Bolivia para favorecer los intereses del Grupo Gloria, un conglomerado empresarial peruano con litigios millonarios en ese país.
Según los investigadores, Zapatero habría recibido tres transferencias desde Focus Social Research por un total de 200.000 euros: la primera, de 100.000 euros, el 2 de julio de 2024, y otras dos de 50.000 euros cada una en junio de 2025.
La UDEF sostiene que esa empresa peruana actuó como sociedad pantalla y que los pagos respondían en realidad a gestiones ante las más altas instancias del Estado boliviano.
En septiembre de 2024, Zapatero viajó a Bolivia y se reunió con el entonces presidente Luis Arce y con el ministro de Economía, Marcelo Montenegro. Los contactos continuaron en 2025, cuando, según los mensajes transcritos por la UDEF, Alcázar solicitó a la jefa de gabinete del presidente boliviano el contacto del procurador general para que Zapatero pudiera llamarle. Las dos últimas transferencias llegaron semanas después de que un tribunal boliviano fallara temporalmente a favor de la filial del Grupo Gloria en el país.