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Zapatero cuestiona la validez de algunas pruebas en su contra por falta de autorización judicial

ARCHIVO: José Luis Rodríguez Zapatero durante una rueda de prensa un día después de ganar las elecciones generales en la sede del PSOE  en Madrid, en marzo de 2008.
ARCHIVO: José Luis Rodríguez Zapatero durante una rueda de prensa un día después de ganar las elecciones generales en la sede del PSOE en Madrid, en marzo de 2008. Derechos de autor  Copyright 2008 AP. All rights reserved.
Derechos de autor Copyright 2008 AP. All rights reserved.
Por Rafael Salido
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La defensa del expresidente considera que algunas conversaciones analizadas por la Policía en el marco del caso Plus Ultra deberían quedar anuladas si no se acredita la autorización judicial que permitió su uso en la investigación.

La defensa del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha planteado la posibilidad de que algunas de las pruebas del caso Plus Ultra sean declaradas nulas si no se acredita la resolución judicial que autorizó el análisis de una serie de comunicaciones privadas incorporadas a la investigación.

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Según un escrito de su defensa remitido al juez José Luis Calama, al que han tenido acceso medios locales, si no existe dicha autorización, esas conversaciones "tienen que ser excluidas del procedimiento" y ello implicaría "promover un incidente de nulidad" de las actuaciones derivadas.

El núcleo de la controversia gira en torno a un dispositivo informático descrito como "crucial", que contiene conversaciones de un abogado investigado, así como otras comunicaciones privadas obtenidas en registros realizados en octubre de 2024 en el marco de una cooperación judicial internacional con Francia y Suiza.

Según la defensa, ese material fue incorporado inicialmente a procedimientos en el extranjero, pero posteriormente habría sido reutilizado en investigaciones internas españolas con un objeto distinto.

El abogado de Zapatero sostiene que esas conversaciones han sido analizadas por unidades policiales y citadas en informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), además de haber sido incorporadas a la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción. A partir de ese material, se habría abierto una nueva fase de investigación en la que se llegó a valorar la existencia de una posible organización internacional de blanqueo.

La defensa subraya que la utilización de ese contenido exige una "habilitación judicial" específica y reclama que se determine qué resolución autorizó el acceso a las comunicaciones privadas. También pide aclarar en qué punto de la instrucción se encuentra dicha autorización para poder considerar las pruebas como válidamente obtenidas.

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