El grupo peruano confirma que contrató al expresidente del Gobierno español en 2024 para facilitar un acuerdo con las autoridades bolivianas sobre la compensación pendiente por la expropiación de una participación en una cementera.
El grupo empresarial peruano Gloria ha reconocido que pagó 200.000 euros en 2024 al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para que actuara como intermediario con las autoridades de Bolivia en relación con una indemnización que sigue pendiente de pago a una de sus filiales.
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La compañía ha confirmado esta información en una comunicación remitida a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) de Perú, después de que el pago trascendiera en un informe elaborado por la Policía española.
Según explica Gloria, el objetivo de esa colaboración era facilitar un acuerdo entre el Estado boliviano y la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), empresa del grupo, para que esta pudiera cobrar la compensación que reclama desde hace dieciséis años por la expropiación de su participación del 33 % en la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa).
La empresa sostiene que la intervención de Rodríguez Zapatero se limitó a participar en reuniones entre representantes del grupo y autoridades bolivianas con el fin de promover un acuerdo sobre el pago de esa indemnización.
No obstante, Gloria asegura que esa mediación no dio resultado y que la deuda que reclama al Estado boliviano continúa sin abonarse. Asimismo, el conglomerado rechaza que el expresidente tuviera como cometido influir en procedimientos judiciales abiertos en Bolivia. "En ningún caso tuvo como misión o función interferir en procesos judiciales en curso", afirma la compañía, que considera que esa interpretación responde a "insinuaciones interesadas" publicadas por algunos medios de comunicación.
La Abogacía del Estado se persona en la causa de las joyas
La Abogacía del Estado se ha personado este jueves en la pieza separada del caso Plus Ultra en representación de la Agencia Tributaria, dentro de la investigación sobre las casi 80 joyas valoradas en 1,3 millones de euros halladas en una caja fuerte de la oficina del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
La decisión se produce después de que el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ofreciera acciones a la Agencia Tributaria al considerarla una "potencial perjudicada" por los hechos investigados, que podrían ser constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública y otro de contrabando. Según fuentes del Ministerio de Justicia, Hacienda trasladó a la Abogacía del Estado su criterio favorable a personarse en la causa.
Zapatero, que declaró como investigado el pasado 17 de junio, optó por no responder entonces sobre el origen de las joyas y anunció que lo haría en el plazo de una semana o diez días, algo que por el momento no se ha producido. El juez rechazó previamente la petición de su defensa para aplazar esa parte del interrogatorio al considerar que había dispuesto de tiempo suficiente para preparar su declaración.