El expresidente exige al juez Calama y a la Agencia Tributaria que anulen las actuaciones inspectoras abiertas contra él y su mujer, al considerar que se iniciaron cuando ya existía una causa penal por los mismos hechos.
José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido al juez Calama y a la Agencia Tributaria la nulidad de pleno derecho de las actuaciones inspectoras abiertas contra él y su esposa, Sonsoles Espinosa. Su defensa sostiene que Hacienda inició la inspección y sus requerimientos cuando ya había una investigación penal en marcha, lo que a su juicio vulnera su derecho de defensa.
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"Prejudicialidad penal": El argumento central de la defensa
El expresidente reclama la suspensión inmediata del procedimiento inspector alegando "prejudicialidad penal", dado que existe una causa abierta por los mismos hechos ante el propio Calama. Su defensa acusa a Hacienda de haber actuado de forma "unilateral y caprichosa" al abrir el expediente cuando la imputación de Zapatero ya era pública.
En el escrito, al que han tenido acceso medios españoles, la defensa argumenta que la AEAT está obligada a paralizar la investigación fiscal hasta que exista una resolución firme en la vía penal. Continuar con la tramitación administrativa antes de ese momento, sostiene, entrañaría riesgo de contradicción entre ambas causas y chocaría con la doctrina del Tribunal Supremo sobre la prevalencia de la jurisdicción penal y el principio de 'non bis in idem'.
El equipo legal de Zapatero advierte de que mantener activa la inspección fiscal le colocaría ante lo que califica de "alternativa constitucionalmente diabólica": colaborar con Hacienda podría usarse en su contra en el proceso penal, mientras que negarse expondría al expresidente a reproches administrativos por obstrucción o resistencia. Es, señalan, un choque directo entre el deber de colaborar con la Agencia Tributaria y el derecho a no autoincriminarse.
El origen del expediente
La petición de nulidad llega pocos días después de que la Agencia Tributaria informara al juez Calama de que mantiene abierta una investigación sobre Zapatero, su mujer y sus dos hijas, con expedientes que cubren los ejercicios fiscales entre 2021 y 2025. Ese escrito reveló que Hacienda no abrió el caso hasta el 15 de junio, un mes después de que Calama acordara la imputación del expresidente por presuntos delitos de blanqueo de capitales y tráfico de influencias. La propia Delegación Especial de Madrid pidió entonces al juez suspender las inspecciones administrativas para evitar duplicidades con la causa penal.
Hacienda investiga además al empresario Julio Martínez, que declarará ante el juez el 21 de julio. El organismo tiene bajo la lupa once empresas, entre ellas Soluciones de Gestión S.L., ya que la UDEF sospecha que parte de los fondos movidos por Martínez y sus sociedades pudieron llegar a cuentas de Zapatero y sus hijas.
Hacienda, personada como posible perjudicada
En paralelo, Calama ha admitido la personación de la Agencia Tributaria en el caso Plus Ultra, una opción que el propio juez ofreció al organismo tras el hallazgo en el despacho de Zapatero de joyas valoradas en 1,3 millones de euros. El magistrado considera que ese hallazgo podría constituir un delito contra la Hacienda Pública y otro de contrabando, y sostiene que los indicios muestran "un perjuicio patrimonial directamente vinculado a ingresos de titularidad estatal cuya gestión corresponde a la AEAT".
Según el instructor, la falta de acreditación sobre el origen de las joyas podría facultar a Hacienda para imputar a Zapatero una ganancia patrimonial no justificada en su IRPF, con un tipo marginal cercano al 46% y una cuota defraudada que rondaría los 120.000 euros.