Una encuesta señala que el 65,4% de los españoles cree que existe el 'lawfare' en el país. El término, usado para describir la instrumentalización de procesos judiciales con fines políticos, no tiene una definición jurídica única y divide a partidos, juristas y ciudadanos.
Más de seis de cada diez españoles creen que en España existe el 'lawfare'. La conclusión procede de una encuesta elaborada por el Instituto 40dB para 'El País' y 'Cadena SER', que refleja un deterioro de la confianza ciudadana en la Justicia.
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Según el sondeo, el 65,4% considera que existe este fenómeno, el 75,5% cree que los partidos intentan influir en las decisiones de los jueces y solo el 32,2% percibe las resoluciones sobre asuntos políticos como justas e imparciales.
La encuesta vuelve a situar en primer plano un término que se ha instalado con fuerza en el discurso político español durante los últimos años, aunque sigue siendo objeto de controversia entre juristas y académicos. Mientras algunos partidos denuncian que determinados procedimientos judiciales responden a una utilización de la Justicia con fines políticos, otros rechazan esa interpretación y advierten de que el uso indiscriminado del concepto puede erosionar la confianza en el Estado de derecho.
¿Qué es el 'lawfare'?
El término nace de la unión de las palabras inglesas 'law' (ley) y 'warfare' (guerra). El Diccionario de Oxford lo define como el uso de acciones judiciales como parte de una campaña contra un país o un grupo, una idea que posteriormente se amplió para describir la utilización estratégica de los tribunales con el objetivo de desgastar o desacreditar a un adversario político.
El concepto comenzó a popularizarse en América Latina durante la década pasada, especialmente tras los procesos judiciales contra dirigentes como Luiz Inácio Lula da Silva, Cristina Fernández de Kirchner, Rafael Correa o Evo Morales. Sus defensores sostuvieron que las investigaciones respondían a una estrategia para apartarlos de la vida política, mientras sus detractores defendieron que se trataba de procedimientos judiciales ordinarios basados en presuntos delitos de corrupción.
En España no existe una definición jurídica del 'lawfare' ni aparece recogido como figura legal. De hecho, buena parte del debate gira precisamente en torno a cuándo puede hablarse realmente de una instrumentalización de la Justicia y cuándo se trata simplemente del funcionamiento normal de los tribunales.
Un concepto que divide a los juristas
La ausencia de una definición jurídica cerrada explica que tampoco exista consenso entre los especialistas. Desde la plataforma jurídica Hay Derecho advierten de que el término se ha convertido en ocasiones en una etiqueta utilizada para desacreditar investigaciones judiciales incómodas, cuando originalmente hacía referencia a supuestos mucho más excepcionales de utilización deliberada del sistema judicial con fines extrajudiciales. Según esta interpretación, no basta con que una investigación afecte a un dirigente político o termine archivándose para poder hablar de 'lawfare'.
Otros juristas sostienen, por el contrario, que el concepto resulta útil para analizar posibles desviaciones del funcionamiento normal de la Justicia cuando concurren determinados elementos, como una intensa presión mediática, actuaciones procesales desproporcionadas o una utilización política de procedimientos judiciales.
Una confianza cada vez menor en la Justicia
La encuesta de 40dB muestra que el debate sobre el 'lawfare' se enmarca en un deterioro más amplio de la confianza en el sistema judicial. El 82% de los encuestados considera que la Justicia española funciona con demasiada lentitud; el 68% cree que no trata por igual a todas las personas; cerca del 61% opina que se deja influir por grandes poderes económicos y solo un 6,8% afirma confiar hoy más en la Justicia que hace cinco años. Casi la mitad asegura confiar menos que entonces.
La percepción también varía según la orientación política. Mientras una parte importante de los votantes de izquierda considera que determinadas investigaciones responden a motivaciones políticas, los electores del PP y Vox tienden a confiar en mayor medida en la imparcialidad de las resoluciones judiciales.
¿Por qué importa?
Más allá de la disputa política, el debate sobre el 'lawfare' afecta a una cuestión de fondo: la confianza en la independencia de la Justicia, uno de los pilares del Estado de derecho.
La Comisión Europea analiza cada año esa independencia en sus informes sobre el Estado de derecho y en el Cuadro de Indicadores de la Justicia de la UE. Aunque Bruselas sigue considerando que el sistema judicial español funciona dentro del marco del Estado de derecho, también ha advertido de la importancia de preservar la independencia judicial y de evitar declaraciones públicas que puedan socavar la confianza de los ciudadanos en los tribunales.