La Policía Nacional ha rechazado las insinuaciones del juez Juan Carlos Peinado sobre una posible colaboración de los escoltas de Begoña Gómez en una fuga, mientras la defensa de la esposa de Pedro Sánchez ha presentado una queja ante el CGPJ por una supuesta vulneración de su derecho de defensa.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reunió este domingo para analizar de forma urgente las quejas presentadas contra el juez Juan Carlos Peinado tras el auto en el que justificó la retirada del pasaporte a Begoña Gómez señalando que los agentes encargados de su escolta podrían llegar a colaborar en una eventual fuga. Sin embargo, según medios locales, no llegaron a un acuerdo y han acordado volver a reunirse el lunes.
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La reunión del órgano de gobierno de los jueces se produce después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, remitiera una carta a la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, expresando su "más enérgica queja" por lo que considera un cuestionamiento injustificado de la profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El ministro pidió además que se estudien posibles actuaciones dentro de las competencias del organismo.
La controversia surge a raíz del auto por el que Peinado acordó la retirada de los pasaportes de Begoña Gómez y la prohibición de abandonar España. En su resolución, el magistrado sostuvo que la condición de esposa del presidente del Gobierno y el hecho de contar con escolta policial no eliminan el riesgo de fuga, llegando a plantear que los agentes podrían colaborar en una hipotética huida por iniciativa propia o siguiendo órdenes de superiores.
Las declaraciones han sido rechazadas por varias organizaciones policiales. Sindicatos como Jupol, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Unión Federal de Policía (UFP) y la Confederación Española de Policía (CEP) han defendido la profesionalidad de los agentes y han considerado inaceptable que se ponga en duda su actuación sin pruebas. Algunas de estas organizaciones han reclamado incluso una rectificación pública del magistrado.
A las críticas se ha sumado este domingo la Dirección General de la Policía Nacional, que emitió un comunicado en defensa de los agentes tras las consideraciones recogidas en el auto judicial. El cuerpo calificó de "injustificada" cualquier argumentación que sitúe bajo sospecha la actuación de los policías y rechaza que pueda sugerirse que estos colaboren en la elusión de la justicia o en el incumplimiento de medidas cautelares por parte de personas bajo su custodia o escolta.
En la nota, la Policía Nacional recuerda que sus miembros actúan bajo los principios de neutralidad política, imparcialidad y estricto sometimiento a la ley, lo que excluye el cumplimiento de órdenes contrarias al ordenamiento jurídico. Asimismo, reivindica la "honorabilidad" y el prestigio de la institución y advierte de que cualquier valoración especulativa que ponga en duda la profesionalidad de los agentes menoscaba la confianza depositada por la sociedad en el cuerpo.
La defensa de Begoña Gómez también recurre al CGPJ
La ofensiva contra el magistrado no procede únicamente del Ministerio del Interior y de las organizaciones policiales. La defensa de Begoña Gómez también ha presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial al considerar que el juez Juan Carlos Peinado pudo vulnerar su derecho de defensa en la tramitación de las últimas resoluciones dictadas en la causa.
Según el escrito presentado por su abogado, Antonio Camacho, la defensa tuvo conocimiento de la apertura de juicio oral y de las medidas cautelares impuestas a Gómez a través de los medios de comunicación y no mediante una notificación formal. El letrado sostiene que resoluciones de esa trascendencia debían haber sido comunicadas de forma inmediata a las partes personadas y considera que los hechos podrían afectar al derecho a la tutela judicial efectiva.