La causa contra Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ya incluía acusaciones por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida.
El juez que instruye el caso de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abierto una pieza separada para investigar los contratos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés y financiados con fondos europeos. Esta línea de investigación ya había sido analizada por la Fiscalía Europea.
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La nueva investigación incorpora dos posibles delitos relacionados con esas adjudicaciones (prevaricación y fraude a los intereses de la Unión Europea), ampliando así el alcance de la causa, según ha avanzado 'El País'. La decisión llega después de que la Fiscalía Europea asumiera parte de las pesquisas vinculadas a contratos sufragados con fondos comunitarios. Según diversas informaciones, el magistrado pretende determinar si existieron irregularidades en los procedimientos de contratación y el posible papel desempeñado por los investigados en esas adjudicaciones.
Peinado pide un informe a la Fiscalía sobre la nueva pieza separada
En una breve resolución, el juez Juan Carlos Peinado ha solicitado a la Fiscalía de Madrid que se pronuncie sobre la nueva pieza separada abierta a raíz del atestado de la UCO. La investigación se centra en un contrato adjudicado por Red.es a una UTE integrada por Innova Next, la empresa de Juan Carlos Barrabés, y KPMG, un expediente que estuvo bajo examen de la Fiscalía Europea.
Esta nueva línea de investigación se suma a la causa principal contra Begoña Gómez, a quien el magistrado atribuye presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. La instrucción sostiene que la esposa del presidente del Gobierno se habría beneficiado de su posición para impulsar su actividad profesional y habría utilizado recursos públicos en beneficio de intereses privados.
En el auto en el que propuso sentarla en el banquillo, dictado el pasado abril, Peinado defendió que los hechos investigados reflejan una presunta trama de corrupción de carácter excepcional vinculada al entorno de la Presidencia del Gobierno.