El proceso extraordinario de regularización en España arranca con más de 130.000 solicitudes en una semana, entre colas, retrasos y alta demanda de inmigrantes en situación irregular.
Más de 130.000 inmigrantes en situación irregular han solicitado ya el proceso extraordinario de regularización impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez, en la primera semana desde su puesta en marcha.
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La elevada cifra de solicitudes refleja el alcance de una medida que busca dar cobertura legal a personas que ya residen y trabajan en España, muchas de ellas desde hace meses o años. El procedimiento está dirigido a quienes puedan acreditar una estancia continuada en el país previa a 2026, además de cumplir requisitos como la ausencia de antecedentes penales.
El proceso permanecerá abierto hasta finales de junio y puede tramitarse tanto de forma telemática como presencial. Sin embargo, el inicio ha estado marcado por dificultades en la gestión administrativa. En distintas ciudades se han registrado largas colas, problemas para acceder a citas previas y retrasos en la obtención de documentación necesaria, lo que ha generado inquietud entre los solicitantes.
Organizaciones sociales y entidades que trabajan con población inmigrante han advertido de la necesidad de reforzar los recursos para evitar que la saturación del sistema limite el acceso a la regularización. También reclaman mayor claridad en algunos requisitos y procedimientos, especialmente para los casos más vulnerables.
Mientras tanto, varias administraciones autonómicas han mostrado reservas sobre el impacto que esta medida puede tener en los servicios públicos, en un contexto ya tensionado en ámbitos como la sanidad o los servicios sociales.
El Gobierno defiende la iniciativa como una herramienta clave para favorecer la integración y combatir la economía sumergida, al permitir que miles de trabajadores pasen a cotizar y acceder a derechos laborales.