La disputa estalló cuando la firma Blasket Renewables intentó ejecutar en Estados Unidos una indemnización de 106 millones de euros contra España.
La Comisión Europea ha pedido permiso al Consejo Europeo para defender a España de una demanda de 106 millones de euros presentada ante un tribunal de Estados Unidos al amparo del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE), que podría situar a Madrid en incumplimiento de las normas de la UE sobre ayudas de Estado, según un documento al que ha tenido acceso 'Euronews'.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
El TCE es un acuerdo internacional posterior a la Guerra Fría concebido para proteger las inversiones en Estados inestables y antiguos países comunistas. Con el tiempo se ha convertido en una fuente de polémica porque permite a las compañías energéticas demandar a los países por medidas que podrían perjudicar sus beneficios previstos.
Aunque la sentencia arbitral es vinculante y, por regla general, puede ejecutarse en los tribunales en virtud de las normas sobre tratados de inversión internacionales, la Unión Europea sostiene que España podría enfrentarse a obligaciones jurídicas contradictorias, dentro y fuera de su territorio, si un tribunal estadounidense ordena su ejecución.
Tras la marcha atrás de España en el régimen de ayudas de Estado creado en 2007 para fomentar la generación eléctrica a partir de fuentes limpias, el inversor japonés Eurus Energy alegó pérdidas en virtud del TCE y obtuvo el derecho a ser indemnizado, y España fue condenada en noviembre de 2022 a pagar 106 millones de euros más intereses.
El procedimiento legal fue iniciado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), un tribunal arbitral vinculado al Banco Mundial que gestiona litigios entre inversores internacionales y países de todo el mundo.
En 2023, España recurrió la indemnización, pero finalmente fracasó.
Entre la espada y la pared
Eurus cedió después el caso a Blasket Renewables, descrito en el documento como un "fondo buitre" con sede en Estados Unidos y especializado en indemnizaciones arbitrales difíciles de ejecutar, que busca ahora hacer efectiva la sentencia a través de los tribunales estadounidenses.
"El Reino de España ha informado a la Comisión de que Blasket Renewables ha presentado una demanda para que los tribunales de Estados Unidos reconozcan y ejecuten el laudo", señala el documento.
La Comisión sostiene que si España "compensa a los inversores por las pérdidas sufridas debido a la derogación del régimen de ayudas de Estado de 2007", ello constituye una ayuda de Estado, es decir, un apoyo financiero que un gobierno concede a una empresa o a un inversor.
Pero los inversores que reclaman indemnizaciones discrepan y argumentan que los pagos no son subvenciones públicas, sino compensaciones que España está legalmente obligada a abonar tras perder un arbitraje internacional.
Según las normas de la UE, los gobiernos no pueden conceder ventajas especiales a determinadas empresas si eso les otorga una ventaja injusta frente a sus competidores, salvo que dicho apoyo haya sido autorizado por la Comisión.
El caso pone de relieve el choque entre dos sistemas jurídicos que sostienen que sus normas deben prevalecer. El arbitraje internacional establece que España debe pagar, mientras que la Comisión afirma que efectuar ese pago podría vulnerar la normativa de la UE.
"Cuando se concede una ayuda en violación de esa disposición, el beneficiario no puede albergar ninguna expectativa legítima de conservar dicha ayuda y el Estado miembro está obligado a recuperarla de oficio", recoge el documento, lo que implica que el Gobierno español tendría que actuar en consecuencia.
La Comisión considera que el reconocimiento y la ejecución de este tipo de indemnizaciones por parte de tribunales extranjeros es "incompatible con el Derecho de la UE" y socavaría "la primacía del Derecho de la UE", algo que el Ejecutivo comunitario considera "inaplicable".
'Fondos buitre' frente a España
El Ministerio de Energía español señaló que los procedimientos arbitrales entre inversores internacionales y España sobre renovables son consecuencia de decisiones adoptadas por el anterior Gobierno español, en particular en 2013 bajo el mandato del expresidente del Gobierno conservador Mariano Rajoy.
Madrid añadió que la mayoría de los laudos definitivos relacionados con inversiones en energías renovables están en manos de fondos de financiación de litigios que han adquirido los derechos de los demandantes originales, el principal de ellos Blasket Renewable Investments.
"No son las empresas afectadas, han comprado deuda contra España e intentan hacerla efectiva en el extranjero, presentando los mismos casos en distintos países", afirma un comunicado del Ministerio de Energía.
Paul de Clerck, coordinador de justicia económica de la ONG Amigos de la Tierra Europa, afirmó que este caso es "la ilustración perfecta de lo absurdo" de los mecanismos internacionales de resolución de controversias entre inversores y Estados (ISDS).
Sostuvo que si un inversor no está de acuerdo con una decisión española, debe acudir a los tribunales españoles ordinarios y no a un "tribunal favorable a las empresas".
"Los fondos buitre están aprovechándose aún más del sistema comprando reclamaciones para obtener beneficios a costa de los contribuyentes", declaró de Clerck a 'Euronews'.
"Ya es hora de que esto llegue a su fin y de que la UE y los Estados miembros eliminen el ISDS de todos sus tratados de inversión".