España ha puesto en marcha un nuevo plan de regularización que podría otorgar papeles a medio millón de personas. Los defensores alegan razones económicas y justicia social, mientras que los detractores expresan su preocupación por los servicios públicos y la identidad nacional.
Dejemos de lado las emociones por ahora y analicemos los hechos sobre la regularización de inmigrantes anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez.
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El pasado lunes a primera hora de la mañana ya se podían ver las largas filas de personas que buscan legalizar su situación en España. En los tres primeros días se registraron unas 45.000 peticiones.
España ya alberga a diez millones de personas nacidas en el extranjero. Esto representa uno de cada cinco residentes. Muchos de los que solicitan la regularización proceden de Colombia, Venezuela y Marruecos.
Constituyen una parte fundamental de la fuerza laboral, desempeñando funciones esenciales en la agricultura, el turismo y el cuidado de personas mayores. La regularización convierte a esta fuerza laboral informal en una contribución formal al Estado, además de otorgarles acceso a la sanidad pública y a la protección laboral legal.
Y aquí reside el gran avance. Normalmente, para obtener la documentación mediante el proceso de arraigo, los inmigrantes indocumentados deben demostrar que han residido en España durante dos o tres años. Este nuevo programa reduce ese requisito a tan solo cinco meses consecutivos.
Sin embargo, hablamos de un permiso de residencia renovable por un año, no de la ciudadanía plena. No otorga el derecho a voto en las elecciones generales ni proporciona una vía inmediata a la nacionalidad, y las personas con antecedentes penales no podrán optar a él.
El plan ha provocado una fuerte fricción en Bruselas. El permiso de residencia español es, en la práctica, un pase Schengen, que permite viajar libremente por Europa durante 90 días. A los funcionarios de la UE les preocupa que esto pueda actuar como un factor de atracción, socavando la nueva y más estricta política del bloque contra la inmigración irregular.
Una cosa es segura: España se convertirá en un laboratorio para un continente cada vez más reducido o romperá la solidaridad europea en su tema más divisivo dentro de la UE.
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