En España, el Tribunal Supremo ha rechazado paralizar de forma cautelar la regularización extraordinaria de inmigrantes que está llevando a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez, como habían solicitado la Comunidad de Madrid y Vox, entre otros.
En España, el Tribunal Supremo ha rechazado paralizar de forma cautelar la regularización extraordinaria de inmigrantes que está llevando a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez, como habían solicitado la Comunidad de Madrid y Vox, entre otros.
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El Supremo ha tomado esta decisión tras celebrar cinco vistas en las que ha escuchado los argumentos de los cinco solicitantes -el Gobierno regional del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, Vox, Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica y la Asociación Libertad y Justicia- y del Gobierno, que ha pedido no frenar la medida. Las cinco vistas de este viernes se celebraran de forma sucesiva; tanto los recurrentes como la Abogacía del Estado, en representación del Gobierno, defenderán sus posturas.
Las alegaciones de los recursos
Para la adopción de medidas cautelares, la Comunidad de Madrid alega que la norma "afecta gravemente" a la prestación de servicios públicos sin financiación o medios para auxiliar a las autonomías.
El partido de ultraderecha, Vox cree que el real decreto derivará en el colapso de los servicios públicos, más dificultades en el acceso a la vivienda y más inseguridad en las calles.
Por su lado, Hazte Oír, una asociación española de corte ultracatólico, ultraconservador y de derecha radical, alega entre sus motivos que el proceso constituye un fraude de ley y que su ejecución generaría un daño irreversible.
La medida aumentará las cotizaciones sociales gracias a la incorporación de migrantes al mercado laboral
La Abogacía del Estado, en representación del Gobierno, se opone a la paralización de la medida porque la suspensión del real decreto dañaría "gravemente" el interés general. A su juicio, la concesión de autorizaciones de residencia no tendrá impacto en los distintos servicios públicos, ya que las personas beneficiarias de la medida —aquellas que residen en España desde antes del 1 de enero— ya hacen uso de dichos servicios.
Esta regularización, según el Ejecutivo epañol, permitirá a los beneficiarios acceder al "pleno ejercicio de los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico", incluido el trabajo, lo que no solo favorecerá su integración, sino que también aumentará las cotizaciones sociales gracias a su incorporación al mercado laboral.
La admisión a trámite de las solicitudes no se hace de forma automática
El Gobierno ha recibido 549.596 solicitudes para la regularización extraordinaria de migrantes, de las que han sido admitidas a trámite 91.505 peticiones. El abogado del Estado, en representación del Gobierno, ha dado cuenta de estos datos para defender que la admisión a trámite de las solicitudes, que implica la concesión de una autorización de residencia y trabajo provisional, no se hace de forma automática.
La comunicación de admisión a trámite se produce después de chequear los documentos aportados para acreditar que se cumplen requisitos esenciales. El real decreto para la regularización entró en vigor el pasado 16 de abril con el objetivo de dar permiso de residencia y trabajo a unas 500.000 personas que ya viven en el país. En las primeras dos semanas se han registraron unas 200.000 peticiones para adherirse al proceso y el plazo acaba el próximo 30 de junio.