¿Qué va a pasar con los cientos de menores no acompañados que han llegado a Ceuta esta semana y que no han sido "devueltos en caliente" a Marruecos? Quienes no deseen regresar tienen derecho a quedarse en España, que este jueves ha aprobado una nueva Ley de protección a la infancia...
PUBLICIDAD¿Qué va a pasar con los cientos de menores no acompañados que han llegado a Ceuta esta semana y que no han sido "devueltos en caliente" a Marruecos? Quienes no deseen regresar tienen derecho a quedarse en España, que este jueves ha aprobado una nueva Ley de protección a la infancia que refuerza los derechos de niños y adolescentes y amplía la prescripción de los abusos que hayan podido sufrir.
Para hablar de la ley y de la situación de los menas hemos contactado con Francisco Cárdenas, presidente de la Asociación para la Defensa del Menor, APRODEME. En primer lugar, ¿qué valoración hace de la normativa?
- "Nuestra valoración es muy positiva de la nueva ley. Es una ley necesaria, es una ley que introduce novedades importantes, pero solo para un tipo de violencia contra los menores, que es la violencia por delitos sexuales, agresiones físicas, etc... Este aspecto sí que está muy bien recogido, muy bien tratado y es una ley innovadora. Pero se olvida de otra violencia que existe y que se da en muchísimos más casos, que es la violencia institucional", explica.
Una violencia que Francisco Cárdenas achaca directamente al poder desmesurado de la administración frente a los menores y sus familias, presos de una relación de poder que no cambia con la nueva legislación. En lo que concierne a los MENA o menores no acompañados, tampoco cree que les afecte demasiado:
- "Yo creo que no va a cambiar mucho. Porque el problema no es que tengamos una ley mejor o peor, el problema es que tenemos un sistema que no cree en las personas, que no cree en las familias, que no cree en los menores. El problema es que pasado este primer tiempo de acogimiento de urgencia en un centro, cuando tienen 18 años son tirados a la calle. Todos estos menores, que ya no lo son porque ya han cumplido los 18 años, se encuentran con un montón de trabas burocráticas para obtener el permiso de residencia, no pueden trabajar porque no tienen permiso de trabajo...", añade.
En España algo menos de 10.000 MENA en centros de acogida, son menos del 20% por ciento del total de menores tutelados. Cárdenas denuncia que el sistema está viciado por culpa de la enorme cantidad de dinero que está en juego (afirma que cada menor cuesta unos 4.000 euros mensuales a la administración) y que se derrocha sin proporcionarles un futuro más allá de los 18 años.