El Ejecutivo socialista español se dispone a sumar una de cal y otra de arena hoy en el último pleno extraordinario del Congreso de los Diputados, donde todo apunta que logrará la prórroga de su plan anticrisis pero volverá a fracasar a la hora de sacar adelante su senda de déficit.
En base a las diferentes posturas expresadas por los distintos grupos de la cámara, el Congreso se dispone a convalidar este jueves el plan anticrisis del Gobierno de Pedro Sánchez aprobado el pasado mes de marzo, que tiene por objetivo el mitigar el impacto de la guerra en Oriente medio en los bolsillos de los españoles. Su aprobación, en cualquier caso, aún debe ser sometida a votación.
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Durante el último pleno extraordinario del Congreso antes del receso estival, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defendió la importancia de un "escudo" al que calificó como el "más ambicioso" de toda la Unión Europea, con medidas por valor de 5.000 millones de euros, a los que sumarían otros 1.825 que contempla la prórroga del decreto aprobada en junio y que entró en vigor el pasado 1 de julio.
Asimismo, el plan del Gobierno contempla una pérdida de ingresos de unos 2.700 millones de euros, que se dejarán de recaudar por la eliminación progresiva de los impuestos sobre la producción eléctrica.
Según Cuerpo, la inflación en España hasta junio se ha contenido un punto de promedio gracias a las rebajas fiscales incluidas en el primer decreto, al amortiguar "la subida de los precios en más de un 60%". El ministro ha destacado que el nuevo decreto, que se aprueba hoy, suprime la rebaja del IVA, pero mantiene la del impuesto especial sobre hidrocarburos.
El plan contempla una rebaja de 15 céntimos por litro en julio, 10 céntimos en agosto y 5 en septiembre, antes de poner fin a las ayudas en octubre; aunque el texto incluye una provisión que permitiría su reactivación si la situación va a peor, ante la volatibilidad de la situación en Oriente Medio, donde Estados Unidos e Irán han retomado los ataques tras un efímero alto el fuego.
Esta clausula establece que el impuesto sobre hidrocarburos se situará en 20 céntimos por litro si los precios de los carburantes suben un 15%. Igualmente, contempla que se recuperen las bonificaciones fiscales para la electricidad y el gas si los precios de ambos aumentan más de un 15%.
A pesar del respaldo generalizado en la cámara a la medida, la propuesta no ha estado exenta de críticas. Uno de los diputados más vocales ha sido Jaime de Olano, del PP, quien ha asegurado que el Gobierno del PSOE "ha frito a impuestos a la clase media". Por su parte, Vox ha sido el único partido que ha dejado entrever que votaría en contra de la prórroga.
La senda de déficit, abocada al fracaso
Si bien el Gobierno de Sánchez podrá contar la prórroga de su plan anticrisis entre sus victorias, su propuesta de senda de déficit, un paso imprescindible para la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado de 2027, está una vez más abocada al fracaso.
En caso de no lograr su aprobación, la legislación permite continuar con la tramitación y presentar el proyecto de Presupuestos a partir de septiembre, aunque con escasas opciones de obtener el respaldo necesario para aprobarlo. En ese caso, se podrá continuar con la tramitación de las cuentas, pero deberá atenerse a los márgenes fiscales acordados con la Unión Europea.
El Consejo de Ministros aprobó el martes el mismo plan que ya fue tumbado en el Congreso de los Diputados el pasado 14 de julio, cuando la propuesta fue derrotada con los votos de Partido Popular, Vox, Junts y UPN.
El Ejecutivo ha propuesto una senda de déficit para el conjunto de las administraciones públicas del 1,8% del PIB en 2027, el 1,6% en 2028 y el 1,5% en 2029. La mayor parte del déficit correspondería a la Administración central, mientras que la Seguridad Social asumiría entre el 0,2% y el 0,1%.
Para las comunidades autónomas, Hacienda plantea de nuevo un objetivo de déficit del 0,1% anual entre 2027 y 2029, equivalente a 5.849 millones de euros. Esta misma propuesta ya fue rechazada el año pasado en el Congreso por PP, Vox, Junts y UPN, tras haber sido también rechazada por las comunidades gobernadas por el PP en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.