La ONG lamenta que los países europeos no hayan aprovechado la coyuntura para apostar por las energías renovables y así reducir una dependencia fósil que ha quedado patente con el cierre del estrecho de Ormuz. Reconoce algunas de las medidas adoptadas por España: "Una de las mejores apuestas".
La organización Greenpeace lamenta la "profunda incoherencia estructural" en las diferentes medidas adoptados por los países de la Unión Europea frente al aumento de los costes energéticos provocado por la guerra en Irán, que a comienzos de año generó una fuerte escalada de los precios del petróleo y el gas.
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La ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán hace ya más de 100 días, provocó un shock energético sin precedentes en todo el mundo debido a la decisión de Teherán de cerrar el estrecho de Ormuz. Desde entonces, los constantes tira y afloja entre Washington y Teherán no han hecho si no que añadir incertidumbre al sector.
La subida de precios en los combustibles en Europa sigue siendo más que palpable y llegó a superar el 34% en el caso de España. Ante esta tesitura, los países de la Unión Europea se apresuraron a adoptar diversas medidas para minimizar el impacto económico de la crisis en los bolsillos de sus ciudadanos.
"El análisis metodológico desarrollado por Greenpeace revela una profunda incoherencia estructural en la respuesta a la crisis energética de la guerra de Irán por parte de los países de la UE examinados", lamenta la organización medioambientalista, que ha analizado la respuesta en siete países del bloque europeo -España, Alemania, Países Bajos, Grecia, Irlanda, Portugal y Suecia- para la elaboración de su informe 'Rescate fósil o transición energética: España ante la crisis de Ormuz', publicado este jueves.
Greenpece lamenta además que no se haya aprovechado esta "oportunidad inmejorable" para afianzar la apuesta europea por las energías limpias. "Ninguno de los países analizados muestra planes totalmente alineados con la transición y, por el contrario, destinan mayores recursos al "rescate fósil".
España, a la cabeza de la respuesta europea
Según datos del think tank Bruegel, los gobiernos europeos han aprobado ayudas por valor de unos 11.826 millones de euros con el objetivo de minimizar el impacto de la guerra en las facturas energéticas.
En el caso concreto de España, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-ley que contempla un plan de más de 5.000 millones de euros para hacer frente a los incrementos de precios, con medidas que estarán vigentes hasta el 30 de junio de 2026. A modo de comparativa, Alemania destinó 1.620 millones de euros a paliar la crisis; Países Bajos, 970 millones; Grecia, 800 millones; Irlanda, 760 millones; Portugal, 470 millones; y Suecia, 430 millones.
El eje central del plan español es fiscal. El Gobierno de Pedro Sánchez bajó el IVA de todas las formas de energía del 21% al 10%, incluyendo carburantes, electricidad, gas natural y butano, que además queda con el precio máximo congelado.
Pese a que, en su informe, Greenpeace concede que, "sin lugar a dudas", el paquete de medidas adoptado por el Gobierno español es el "más completo y con más recursos" de todos los presentados por los países de la UE, lamenta el carácter indiscriminado de sus acciones "frente a las transferencias directas de rentas a familias o ayudas a sectores profesionales".
"Aunque la firme apuesta por las renovables en los últimos años ha protegido al país del encarecimiento de la factura energética y estamos mejor preparados que otros países de nuestro entorno, con un 75% de consumo energético fósil y unas importaciones anuales de unos 22.000 millones de euros, España sigue atrapada en fuentes de energía volátil y contaminantes que daña la economía, el bolsillo y el clima", comenta a 'Euronews' Carlos García Paret, portavoz de Greenpeace.
El informe reconoce que España ha avanzado con mayor rapidez que otros países en la implementación de energías renovables, especialmente en solar y eólica. No obstante, Greenpeace alerta de que este despliegue se ha realizado, en muchos casos, sin una planificación social y territorial adecuada, generando conflictos locales y beneficios concentrados en grandes actores industriales.
El estudio insiste en que la transición energética no puede limitarse a sustituir unas fuentes por otras, sino que debe ir acompañada de reformas estructurales del mercado, el fomento del autoconsumo, la promoción de comunidades energéticas locales y una reducción sostenida de la demanda.
No obstante, la organización considera que "la tendencia a incentivar las energías contaminantes es un factor común en casi todo el continente". "Prácticamente todos los países coinciden plenamente en la aplicación de las tres herramientas más regresivas: las rebajas fiscales generalizadas a la energía y los subsidios directos a los carburantes y los fertilizantes".
¿Quién paga la factura?
Otro de los pilares del informe es la pobreza energética, un fenómeno que una vez más se ha intensificado en España durante el periodo analizado. La ONG destaca que cientos de miles de hogares se han visto obligados a reducir su consumo energético básico -calefacción, refrigeración o iluminación- ante la imposibilidad de asumir facturas cada vez más elevadas.
"Como han señalado entidades como Funcas, el Banco de España y la propia Comisión Europea, los descuentos fiscales generalistas al gas y los carburantes tienen un elevado coste fiscal -unos 2.300 millones de euros en el caso de España- y una cuestionada eficacia", argumenta García Paret. "Estos organismos recomiendan, en su lugar, priorizar de forma focalizada hacia soluciones específicas que atiendan a públicos y sectores más vulnerables".
Aunque el bono social eléctrico y otras ayudas han mitigado parcialmente el impacto, según refleja el informe, Greenpeace considera que estas herramientas son insuficientes, burocráticas y mal focalizadas, dejando fuera a amplios sectores de la población vulnerable, como trabajadores con ingresos inestables o familias en alquiler.
"Se necesitan soluciones radicales que protejan a la población y a la economía de la codicia fósil, apostando por herramientas a largo plazo como la protección de rentas -especialmente en el campo-, el refuerzo del transporte público, la rehabilitación energética acelerada e inclusiva de edificios y el apoyo al sector agrario para salir de la trampa de los fertilizantes", recoge el documento. "Asimismo, es imprescindible impulsar una electrificación inteligente e inclusiva en manos de la ciudadanía y aumentar los impuestos a las empresas que más contaminan y que más se han beneficiado de la especulación en los últimos meses".