Cientos de personas se agolpan a las puertas de la ONG Luna Blanca, que reclama un plan logístico a la ciudad autónoma y al Gobierno para poder repartir comida tanto a los migrantes como a los ceutíes en situación de vulnerabilidad.
Con el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta totalmente colapsado para atender a los 22.500 inmigrantes que aún permanecen en la Ciudad Autónoma, tras una expulsión masiva de unos 37.000 personas extra que llegaron a sumarse a las cifras totales, las ONG también tienen problemas para colaborar con esta y otras instalaciones a la hora de proporcionarles recursos humanitarios, pero también para seguir atendiendo a la propia población ceutí en situación vulnerable.
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"Estamos esperando a que nos den la órden de cómo hacemos la intervención o el reparto", explica Halima Ahmed, portavoz de la ONG Luna Blanca, en una entrevista con 'Euronews'. "Hemos preparado la comida, porque [la ciudad y la delegación del Gobierno] han habilitado las naves industriales como centro de acogida temporal".
Luna Blanca se centra principalmente en repartir comida para personas en riesgo de exclusión social en Ceuta, aunque también cuentan con un comedor social donde alimentan a inmigrantes. Ahmed explica que, en situaciones de normalidad y con una plantilla que apenas ronda la decena de trabajadores, atienden como máximo a unos 20 individuos. Pero a partir de mayo -asegura- comenzaron a recibir entre 400 y 500 inmigrantes diarios y se vieron obligados a cerrar el comedor para los no-ceutíes.
Esta asociación se puso en contacto con el CETI para repartir un centenar de bocadillos, pero el plan interasociativo se truncó. "Quedamos con el director [Antonio Bautista] para acercarnos y que ellos se encargasen de entregarlos (...) pero al final no pudo ser. Fue tanta la presión migratoria sobre el centro de acogida que tuvieron que cerrar las puertas: no había forma humana ni de salir del centro ni de hacerles llegar los bocadillos".
Ahmed asegura que siguen preparando comida en su sede, pero no tienen un plan logístico alternativo por parte de las autoridades ceutíes o gubernamentales para llevarlo a cabo. También asegura que el edificio está "sitiado", al ser un emplazamiento conocido como ONG caritativa. "Aquí están en la calle esperando a que repartamos. Tenemos más de 5.000 raciones de comida preparada y seguimos cocinando, pero no podemos repartirlo hasta que nos contesten desde la ciudad como de la Delegación".
La portavoz y educadora social explica que se han visto forzados a pausar los envíos habituales que realizan a domicilio para diferentes familias de la Ciudad Autónoma. "Muchos usuarios, los ceutíes, hoy se han quedado sin desayuno, sin comida y se van a quedar sin cena", dice Ahmed. "Respecto al reparto que hacemos desde la sede, las familias ni siquiera han aparecido porque la gente no sale de su casa por miedo, y aparte es muy difícil llegar hasta aquí: fuera hay cientos esperando a que saquemos comida".
Ceuta no recuerda una entrada irregular de inmigrantes semejante desde mayo de 2021. En ese episodio entraron ilegalmente en torno a unas 10.000 personas en Ceuta, cuando se conoció que la exministra de Exteriores Arancha González Laya acogió al líder del Frente Polisario, Brahim Gali, desatando una crisis diplomática con Marruecos.
"En aquella época entraron todos de golpe en un solo día", recuerda Ahmed, que considera que el episodio vigente no tiene precedentes. Las llegadas han sido sido constantes durante la última quincena de julio, con 200 personas cruzando la frontera a nado al día, pero exponencialmente crecientes durante las últimas 48 horas. "Hemos venido a trabajar de madrugada y hemos tardado horas en llegar porque las carreteras están prácticamente cortadas debido a la cantidad de personas deambulando".
Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, ha reclamado a España y a Marruecos priorizar sus obligaciones en materia de derechos humanos en su respuesta a esta situación. "Las autoridades españolas también deben garantizar que se desplieguen recursos sanitarios y sociales adecuados para responder a las necesidades de la población, incluidas las de los niños y otras personas con mayor riesgo de sufrir violaciones de los derechos humanos", ha añadido.