Un proyecto de ley de sanciones que avanza en el Senado de EE.UU. podría dar a Donald Trump una poderosa herramienta para imponer aranceles tanto a aliados como a adversarios.
Durante el último año y medio, los europeos han pedido insistentemente a Washington que utilice su poder financiero para imponer duras sanciones a Rusia.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Puede que pronto se arrepientan de esa petición.
Un proyecto de ley que avanza en el Senado de Estados Unidos, concebido en teoría para mermar el fondo de guerra de Moscú, corre el riesgo de poner en manos del presidente Donald Trump una herramienta completamente nueva para imponer aranceles punitivos tanto a aliados como a adversarios.
El texto legal fue promovido en un principio por el senador republicano Lindsey Graham y el senador demócrata Richard Blumenthal, dos firmes defensores de la lucha de Ucrania por su supervivencia, en un intento de presionar a Trump para que aumentara la presión sobre el Kremlin, algo a lo que el presidente se ha negado sistemáticamente.
La repentina muerte de Graham el mes pasado ha dado un nuevo impulso al proyecto, hasta ahora bloqueado, y sus colegas en el Senado buscan honrar su legado consagrándolo en la ley. El texto aún afronta un futuro incierto en la Cámara de Representantes, que ha suspendido sus trabajos por el receso de verano.
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, asistió al funeral de Graham para rendirle homenaje y defender la aprobación de las sanciones.
"Este proyecto de ley es muy importante", afirmó Zelenski en Washington, rodeado de senadores. "Es también una señal muy fuerte para Europa, una señal muy fuerte para Ucrania, un gran apoyo para nuestro pueblo".
La normaprevé una amplia gama de sanciones primarias y gravámenes contra Rusia, entre ellos prohibiciones generales de realizar transacciones financieras con bancos e instituciones. También se dirige a funcionarios del Estado, oligarcas y buques de la 'flota en la sombra'.
Pero el elemento más llamativo llega más adelante. La Sección 113 otorga al presidente de Estados Unidos la facultad de aplicar aranceles de hasta el 100% a "todos los bienes" importados de países que figuren entre los cinco mayores importadores de petróleo y gas rusos o entre los cinco países que "faciliten" la evasión de las sanciones al petróleo ruso. También se apunta a quienes realicen "nuevas compras" de petróleo y gas rusos.
La decisión sobre qué países cumplen esos criterios queda exclusivamente en manos de la Casa Blanca.
Los promotores del proyecto insisten una y otra vez en que estos aranceles secundarios están pensados para China e India, cuyo consumo de combustibles fósiles rusos se considera que ha aportado a las arcas del Kremlin unos ingresos vitales.
Pero expertos y académicos han dado la voz de alarma sobre los efectos en cascada que esta disposición podría tener en la práctica. La ampliación del poder ejecutivo, la redacción imprecisa de las definiciones y el débil control del Congreso corren el riesgo de reforzar a Trump en su empeño constante de redefinir el comercio y la diplomacia a golpe de aranceles elevados.
A comienzos de este año, Trump sufrió una dura derrota cuando el Tribunal Supremo anuló los aranceles "recíprocos" que había introducido al amparo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), dejándole sin una de sus principales herramientas jurídicas.
Como alternativa, su administración se ha apoyado en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, alegando que otros socios comerciales, incluida la Unión Europea, no han combatido adecuadamente las prácticas de trabajo forzoso. Una acusación que Bruselas rebate con firmeza.
La controvertida interpretación que Trump hace de la Sección 301, ya sometida a revisión judicial, sienta un precedente peligroso de cara a lo que podría hacer si el proyecto Graham Blumenthal llega a ver la luz. Los aranceles podrían acabar ocupando el centro del escenario y las sanciones quedar relegadas a un segundo plano.
"El proyecto se ha estructurado deliberadamente en torno a los aranceles y no a las sanciones para atraer al presidente Trump y mejorar sus perspectivas políticas, dejando las competencias tradicionales en materia de sanciones en un papel secundario", explicó a 'Euronews' Maria Shagina, investigadora principal del International Institute for Strategic Studies (IISS).
"En la práctica, sin embargo, es más probable que los aranceles sirvan a la agenda comercial y política interna más amplia de la administración que para ejercer una presión económica sostenida sobre Rusia. Como resultado, el proyecto puede acabar ampliando más las facultades comerciales del presidente que reforzando el régimen de sanciones".
Ambigua y de amplio alcance
El impulso que está cobrando el proyecto llega en un momento delicado para las relaciones comerciales entre la UE y Estados Unidos.
La reciente decisión de la Comisión Europea de imponer a Google una multa de 890 millones de euros por supuestas prácticas de autopreferencia y trato injusto a los desarrolladores de aplicaciones desató la ira de Trump y arrojó dudas sobre la viabilidad a largo plazo del acuerdo de Turnberry, firmado para limitar los aranceles estadounidenses a un máximo del 15%.
"La Unión Europea pagará un precio muy alto por esta conducta ilegal y sumamente poco ética", advirtió Trump. "Prevemos imponerles un ARANCEL considerable".
Curiosamente, Trump muestra ahora mucho más interés por el proyecto Graham Blumenthal que el año pasado, cuando aún disponía de la IEEPA.
La nueva ley podría dotar a su administración de una base jurídica para arremeter contra la UE si lo considera necesario.
Al fin y al cabo, el bloque sigue siendo uno de los principales consumidores de GNL ruso: las importaciones se dispararon en la primera mitad de este año, antes de la prohibición permanente prevista para enero de 2027, y rozaron los diez millones de toneladas. El gas por gasoducto continúa llegando, pero en menor volumen.
La versión actual de la ley incluye una pequeña cláusula que exime a los países que hayan dado "pasos significativos" para reducir sus compras de gas ruso, aparentemente pensada para proteger a los aliados europeos.
Sin embargo, esa determinación queda totalmente a discreción del Ejecutivo, lo que significa que la Casa Blanca podría utilizar el reciente aumento de las importaciones, o cualquier otra cifra tangencial, como argumento para golpear con fuerza a la UE.
La disposición que permite gravar a los países que "faciliten" la evasión de las sanciones al petróleo ruso deja aún más margen de maniobra, al hablar en términos muy generales de "transacciones, actividades o servicios" que eludan las sanciones o ayuden a otros a eludirlas.
Grecia, Chipre y Malta desempeñan un papel clave en el comercio mundial de petróleo ruso, algo que hacen legalmente dentro del tope de precios. Hungría y Eslovaquia, por su parte, siguen comprando crudo ruso a través del oleoducto Druzhba gracias a una derogación de carácter indefinido.
El hecho de que la UE no sea un país, sino un grupo de 27, podría difuminar aún más los límites.
Preguntado por los posibles riesgos, un portavoz de la Comisión evitó pronunciarse sobre el fondo del proyecto y se limitó a subrayar los esfuerzos de la UE para eliminar progresivamente los combustibles fósiles rusos desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania.
"Nuestro objetivo es, cuando es posible, alinear nuestras sanciones con las de nuestros socios, tanto mediante contactos bilaterales como en el G7, para lograr nuestro objetivo común de ejercer la máxima presión sobre Rusia", indicó el portavoz.
"Seguimos en contacto con Estados Unidos sobre estas cuestiones".
Los europeos pueden encontrar cierto consuelo en la "regla de interpretación" que los promotores del proyecto han incorporado para garantizar que los aranceles del 100% solo se apliquen a los países que cumplan los criterios "descritos expresamente" en el texto legal.
Esto hace que el proyecto sea, por diseño, más restrictivo que la IEEPA, que Trump invocó para apuntar prácticamente a todos sus socios comerciales, y que la propia Sección 301.
"También hay muchas ambigüedades en el texto y en cómo se aplicaría la ley. Así que la situación actual es de una considerable incertidumbre", señaló Alan Sykes, profesor de Derecho internacional en la Universidad de Stanford.
"No sé qué dirían los datos sobre quién está comprando más gas y petróleo rusos, y menos aún qué países podrían considerarse grandes facilitadores de la evasión de sanciones. En general, la sensación es que existe el riesgo de que la ley acabe afectando también a aliados, pero nadie lo sabe".
El borrador también prevé la posibilidad de conceder una exención de aranceles "en interés nacional" de Estados Unidos, pero también en este caso la decisión queda por completo a discreción del presidente. La Comisión ya se mostró anteriormente confiada en que la UE obtendría esa exención.
Pero la furia de Trump por la multa a Google indica que tiene poco interés en hacer concesiones.
Nevada Joan Lee, investigadora de políticas en el European Council on Foreign Relations (ECFR), sostiene que la Casa Blanca ya dispone de amplias competencias para sancionar a Rusia si lo desea y no necesita una nueva ley para hacerlo.
"Este proyecto está claramente concebido para dotar al presidente de una nueva arma arancelaria discrecional, aprobada por el Congreso y de hasta el 100%. Eso debería preocupar a los europeos", advirtió Lee.
"Las exenciones destinadas a proteger a los aliados están redactadas de tal manera que es este presidente, en última instancia, quien decide quién reúne los requisitos".