El Gobierno insiste en que el CNI no previó la magnitud de la llegada de inmigrantes a Ceuta pese a alertar de un posible "intento de entrada", mientras la oposición cuestiona su gestión. La juez María Tardón ha admitido al Estado como acusación particular.
Después de que La Moncloa desclasificara este miércoles una serie de documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que dejan a las claras que los servicios de seguridad españoles alertaron al Ejecutivo de un posible "intento de entrada" desde Marruecos, el Gobierno ha insistido en que, en cualquier caso, nunca se le avisó de una "llegada masiva".
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"Las comunicaciones del CNI del 29 de julio nunca alertaron de una llegada masiva", esgrimió el Gobierno en una breve nota remitida a los medios de comunicación poco después de publicar en su web los 40 "informes y comunicaciones sobre la situación de Ceuta" desclasificados.
El propio presidente Pedro Sánchez ya había recurrido a este argumento durante una entrevista emitida horas antes por 'RTVE' en la que el mandatario insistía en que "desde luego no se previó en absoluto una llegada masiva de tantos migrantes" los pasados 30 y 31 de julio, cuando unas 80.000 personas accedieron a Ceuta de manera irregular.
En ese sentido, fuentes del propio CNI citadas por 'elDiario', han reconocido que la institución no "anticipó la magnitud y naturaleza de lo que terminó ocurriendo" debido a que se trató de "un fenómeno inusual", distinto a otras crisis migratorias de las que se tenía constancia "hasta la fecha".
Uno de los documentos desclasificados este miércoles por La Moncloa es una nota urgente, con fecha del 29 de julio y dirigida a los servicios de Inteligencia marroquíes DGST y DGED, en la que se alerta de la existencia varios grupos en redes sociales en los que se estaría "preparando un intento de entrada" a la ciudad autónoma.
Sin embargo, desde el Ejecutivo recalcan que "en ningún momento el CNI envió un aviso o alerta formal a su cadena de mando ni a miembro alguno del Ejecutivo por ninguna vía". "Un organismo que cree que al día siguiente va a producirse una entrada masiva no se limita a mandar un WhatsApp ambiguo a un cargo menor: lo eleva", zanja el Gobierno en su nota a los medios.
Los documentos no aplacan a la oposición
La desclasificación de los documentos, con la que el Gobierno había esperado defender su gestión durante la crisis migratoria, especialmente después de que la semana pasada un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif) apuntara a la permisividad de las autoridades marroquíes como uno de los detonantes de la entrada masiva en el exclave español.
"Ha mentido sin pudor, sin sonrojarse, con una frialdad y una falta de empatía alarmantes", afirmó la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una intervención en la que no le tembló el pulso al exigir la dimisión de Sánchez. "Si esto es lo que ha sacado el Gobierno que cree que no le afecta, no nos podemos imaginar todo lo que hay que no han desclasificado".
El partido de extrema derecha Vox ha ido aún más lejos al acusar al mandatario de "traición" y pedir que se active el artículo 102 de la Constitución para que el Tribunal Supremo pueda juzgar al Ejecutivo. "Vuelven a mentir, es una mentira criminal y un acto de traición", sostuvo la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, al tiempo que aseguró que los 40 documentos desclasificados "no revelan ninguna sorpresa".
Por su parte, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha considerado que esos mismos documentos ponen de manifiesto que "una parte del Estado que va en contra del Gobierno", mientras que desde el PNV, su portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, ha considerado que la nueva información conocida hoy es "preocupante para el propio Gobierno".
El Estado se persona en la causa sobre la entrada en Ceuta
La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha admitido al Estado como acusación particular en la causa que investiga la entrada masiva irregular de inmigrantes de finales de julio, al considerar que España también pudo ser perjudicada por los hechos.
La magistrada señala que las conductas investigadas pudieron suponer un "ataque" a la soberanía nacional, la independencia y la estabilidad del Estado, así como a su integridad territorial y seguridad exterior.
El Estado se suma así a la ciudad autónoma de Ceuta como acusación en una investigación en la que la juez aprecia indicios de delitos contra la paz e independencia del Estado, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, homicidio imprudente y organización criminal.
En la entrada irregular del 30 y 31 de julio murieron en torno a 140 personas, 83 de ellas en aguas españolas. La Audiencia Nacional investiga si se produjo una conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que afectó gravemente a la integridad territorial española.