La condición para acceder al trámite, aprobado pese a la abstención del Partido Popular, Junts y el voto en contra de Vox, es haber nacido antes del 29 de septiembre de 1977 en este territorio y última excolonia española, o ser descendiente directo de estos.
El PSOE y los socios del Gobierno han aprobado la nacionalización de todos aquellos saharauis nacidos en el Sáhara Occidental antes del 29 de septiembre de 1977, así como de sus descendientes en primer grado, aunque no residan legalmente en España.
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Lo han hecho pese a la abstención de Junts, el Partido Popular y el voto en contra de Vox, pese a apoyar la inciativa en los primeros pasos de su recorrido legislativo, cuando precisamente los socialistas se mostraron reticentes a sacarla adelante. Los beneficiarios podrán solicitar su nacionalidad en los tres años posteriores a la entrada en vigor de esta norma en el Boletín Oficial del Estado, que deberá pasar por el Senado antes de su aprobación definitiva.
La ley contempla también la posibilidad de nacionalizar a los descendientes en primer grado de aquellos saharauis que se acojan a la ley. Estos tendrán un plazo de cinco años, a contar desde la inscripción en el Registro Civil de la adquisición de la nacionalidad española de cualquiera de sus progenitores, para optar a este trámite.
Para nacionalizarse, los candidatos deberán demostrar su condición con un documento válido, sea con un DNI español, una inscripción en el censo para el Referéndum del Sahara Occidental autenticado por la ONU o un certificado de nacimiento, aunque también podrá demostrarse con papeles más laxos como certificados de escolarización, pensiones de jubilación, un permiso de conducir español o certificados de hospitalización y asistencia médica.
Varios representantes de los colectivos saharauis han estado presentes en la tribuna de invitados en el Congreso durante la tramitación de este jueves. Sus portavoces calculan que la ley podría beneficiar entre 80.000 y 120.000 personas. La nueva ley equipara a los saharauis con los nacidos en países como Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial y Portugal, a quienes se permite adquirir la nacionalidad por residencia con solo dos años de estancia, en lugar de los diez para el resto de extranjeros.
La concesión de la nacionalidad no equivale a la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Este segundo trámite permite trabajar legalmente durante un año prorrogable, pero no equivale a adquirir la condición de ciudadano español.
El PSOE rechazó en principio tramitar esta ley y se quedó solo tanto en 2023 como en 2025 tras una admisión no solo de sus socios de Gobierno, sino también del propio PP, que hoy ha optado por abstenerse. La proposición de ley fue llevada adelante por el socio minoritario de la coalición de Gobierno, Sumar, que cuenta entre sus filas con Tesh Sidi, ingeniera nacida en los campos de refugiados saharauis ubicados en Tinduf, Argelia.
"Reparamos una injusticia histórica: reducir a dos años la tramitación una vez tienes una residencia legal en España. En cambio, hasta ahora los saharauis tardaban entre 10, 14 o 24 años para poder solicitar la nacionalidad española, teniendo padre español y con residencia legal", ha expresado Sidi durante su defensa de la ley. "Una abstención o un no es estar del lado de Marruecos".
La ley tiene implicaciones para la relación hispano-marroquí. El reino alauita invadió el Sáhara Occidental tras la retirada de los últimos españoles en 1976 de su excolonia, y no reconoce su soberanía. Una porción del antiguo territorio continúa en manos de la República Árabe Saharaui Democrática y del Frente Polisario, sin reconocimiento occidental.
El reino norafricano ya ha utilizado con anterioridad los flujos migratorios para expresar su descontento con España. En una anterior crisis similar, en 2021, entraron ilegalmente en torno a unas 10.000 personas en Ceuta (menos de un quinto del volumen que se estima en este episodio) cuando se conoció que la exministra de Exteriores, Arancha González Laya, había acogido al líder del Frente Polisario, Brahim Gali, en terriorio español, desatando una crisis diplomática con Marruecos por su postura con respecto al Sáhara Occidental.
Este nuevo gesto se produce mientras los socios de Gobierno, la oposición y buena parte de la opinión pública, de acuerdo con los sondeos de opinión, cuestionan la versión del Ejecutivo de que Marruecos no tuvo nada que ver con la crisis migratoria gestada en Ceuta el pasado mes de julio. Un informe desclasificado este miércoles ha confirmado que, como mínimo, los servicios de Inteligencia marroquíes fueron alertados 24 horas antes del salto a nado masivo de que se podía dar dicha posibilidad.
Al final del primer mandato de Donald Trump, Estados Unidos reconoció la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental como parte del acuerdo macro en el que el país magrebí, entre otros asuntos, normalizaba sus relaciones con Israel.