Denuncian que la política de erradicación de esta planta impulsada por el presidente boliviano les ha causado graves prejuicios y ha acabado con la vida de dos personas. La mayoría están relacionados con grupo de cultivadores de la región de Yungas, en la ladera oriental de los Andes.
El Gobierno boliviano asegura que ciudadanos peruanos y colombianos estarían en la zona proporcionando formación y asesoramiento a los cultivadores. Estos lo niegan.
