Esta macrocárcel para pandilleros tiene una capacidad para hasta 40.000 internos, por lo que ha podido acoger a los 2.000 presos trasladados desde los penales de Izalco, Ciudad Barrios y San Vicente, en una maniobra que ha dejado imágenes estremecedoras.
La operación es consecuencia del régimen de excepción decretado hace dos años por el presidente salvadoreño, criticado por organizaciones de Derechos Humanos, que el Gobierno de El Salvador defiende como una medida necesaria para combatir las pandillas.
